La reordenación del puerto: La Autoridad portuaria “necesita” los ingresos previstos por la venta de los muelles que descarta el Concello

El Concello y el Puerto abren un nuevo enfrentamiento por los muelles de la Batería y Calvo Sotelo. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, manifestó el domingo que “la ciudad no debe pagar por estos terrenos, y mucho menos cuando ya hay dinero de la Autoridad Portuaria para resolver sus problemas de financiación”, justificó en el programa A Coruña opina de Radio Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, confirmó ayer esta postura, al comentar que “ya no hay que pagar por los muelles” porque ha cambiado la situación portuaria “radicalmente”, por lo que “decae” la propuesta que ella mismo había hecho en julio de 2021, la de que el Concello aportase el 75% del valor de los terrenos con la Xunta como parte del acuerdo para poder reordenar la fachada marítima. Pero el Puerto, también ayer, replica a los representantes municipales al asegurar que “necesita a corto plazo los ingresos previstos por la Batería y Calvo Sotelo”.

La Autoridad Portuaria critica al Gobierno local por “renunciar a sus propios compromisos de forma unilateral” y sin haber transmitido “una confirmación formal” de su cambio de postura. A través de un nota, afirma que la deuda por la construcción del puerto exterior —que cifra en la actualidad 288 millones de euros— es “una losa que complica la ejecución de las inversiones” proyectadas en la dársena de Langosteira y considera que los ingresos que preveía obtener por la compra de los muelles, a la que renuncia el Concello, servirían para “evitar tensiones de tesorería” y atraer obras e inversiones “al entorno metropolitano”.

La reordenación del puerto: El Concello cierra la vía de pagar por los muelles año y medio después de anunciar su compra

El Puerto admite el crecimiento de su actividad comercial y de tráficos en punta Langosteira, con “buenas perspectivas a medio y largo plazo”, pero añade, en contra de lo que apunta el Gobierno municipal, que su situación financiera “no ha cambiado” y que los proyectos de implantación previstos en el puerto exterior “en su mayoría tardarán algunos años en materializarse”.

La alcaldesa se remite a las declaraciones de los presidentes de Puertos del Estado y del Puerto, Álvaro Rodríguez Dapena y Martín Fernández Prado, de junio de 2022, en las que dijeron que las nuevas perspectivas de negocio en Langosteira, sobre todo las vinculadas a la transición energética, “hacen que cualquier problema de origen financiero que el Puerto pueda tener disminuya ampliamente y se pueda afrontar perfectamente el endeudamiento adquirido”. Dapena desvinculó la operación diseñada para adquirir los terrenos de la reducción de la deuda portuaria y dijo que la compra de suelo debía realizarse “pensando en que el ciudadano se reencuentre con los muelles” y que era “responsabilidad de todas las administraciones”.

Rey alude a un cambio de escenario para argumentar la decisión del Concello de renunciar a la adquisición de terrenos portuarios y defender el uso público de los mismos sin desafectarlos. “La propuesta que hicimos es antigua, adaptada a la realidad social del momento, que ahora es otra, en la que ya tenemos el tren al puerto exterior y se han abierto los muelles a la ciudadanía, y en la que el propio presidente del Puerto, que es quien tiene la deuda, ha explicado que es autosuficiente y tiene un horizonte de futuro económicamente viable”, expone Rey.

El Puerto, en su nota, indica que la conexión ferroviaria a punta Langosteira, cuyas obras comenzaron a finales del año pasado y no concluirán hasta 2026, “no tiene nada que ver con la apertura de los muelles” ni con los “aspectos financieros” de la entidad portuaria.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, evitó ayer profundizar en la deuda del Puerto por punta Langosteira, para la que reclamó “diálogo” sin aclarar si el Estado debe contribuir a su financiación. “El Gobierno demostró su compromiso con una inversión de 180 millones para el tren al puerto exterior. A partir de ahí, los avances para abrir los muelles es una cuestión que encabeza el Concello con el Puerto”.

La regidora instó a las administraciones a participar de forma conjunta en el diseño de los muelles interiores: “Hay que plantearse los convenios de 2004, la futura urbanización y el desarrollo de los terrenos manteniendo la actividad portuaria, la lonja... Debe haber una desafección paulatina porque el puerto es un proyecto de futuro a largo plazo”.

El Concello encargó en 2020 a la Universidade da Coruña un trabajo con las líneas estratégicas para la reordenación del puerto interior en las Zonas 1 (muelles de Transatlánticos, la Batería y Calvo Sotelo) y 2 (Petrolero y San Diego). El documento, basado en trabajos anteriores impulsados por el Concello para la búsqueda de alternativas a los convenios de 2004 sobre la transformación de los terrenos portuarios, plantea escenarios a corto, medio y largo plazo con acciones de tipo funcional, urbanístico, económico y de gestión. Propone la creación de una entidad pública o consorcio donde estén todas las administraciones para la gestión de esa transformación, órgano que aún no se ha constituido.

Grupos municipales

El grupo municipal del PP considera que con la decisión de no pagar por los muelles, la alcaldesa “renuncia a liderar la transformación de la fachada marítima”. “Si cambia de opinión de lo que en su día propuso, lo primero que debería hacer es reunirse con las otras partes implicadas, trasladar la nueva postura y estudiar ese nuevo escenario, cosa que Inés Rey no ha hecho. Es necesario urbanizar esos terrenos que el Puerto ha abierto en solitario a la ciudadanía”, valora.

Marea Atlántica y BNG celebran el cambio de postura porque con ella “no se paga por lo que ya es público”. “Ahora hay que abrir la nueva fase de eliminar del plan general los convenios de 2004 y trabajar para que los muelles tengan más usos”, señala la portavoz de Marea, María García. Su homólogo del BNG, Francisco Jorquera, coincide y también demanda la condonación de la deuda portuaria y la creación del consorcio público de gestión.

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