Comerciantes de A Coruña alertan de retrasos de más de un año para legalizar animales exóticos

“No vamos a poder vender ni un gusano, a este paso”, lamenta J.R, propietario de una popular tienda de animales de A Coruña. La ley de Bienestar Animal todavía no está aprobada por discrepancias de los socios del Gobierno con respecto a los perros de caza, pero ya trae cola. El anuncio de la propuesta legislativa ya generó en su momento malestar entre los propietarios de este tipo de negocios, que la tildaban de excesivamente prohibicionista y alertaban de que podía disuadir a las personas que estuviesen planteándose adquirir una mascota. Ahora, aseguran que ya han comenzado a sufrir sus consecuencias aun sin estar aprobada la ley.

Algunos negocios coruñeses especializados en la venta de animales exóticos perciben ya atascos burocráticos para obtener las autorizaciones del convenio Cites, (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), que es el sistema que controla a nivel mundial el comercio de determinadas especies amenazadas por el tráfico ilegal. “El Cites es un convenio que se acordó a nivel internacional entre varios países a los cuales estaba adscrito España, entre otras 190 naciones. Esta ley incumple un tratado que se aprobó para preservar especies en peligro de extinción, amenazadas o que requieran cuidados especiales”, comenta J.R. El comerciante advierte de que, desde hace casi un año no se expiden en España este tipo de certificaciones, lo que impide comercializar legalmente a los animales que han nacido en cautiverio durante este período.

Alrededor de 35.000 especies de animales y plantas gozan de diferentes grados de protección. La fauna y flora que se compra y está amenazada debe ser sometida a controles Cites. Entre estas especies figuran algunas aves populares como loros, guacamayos, reptiles como iguanas, camaleones o serpientes u otros animales como tortugas de agua o tierra de importación. Un atasco que repercute en el primer escalón de la cadena, los criadores, que no pueden legalizar las criaturas que van naciendo. “Si yo quiero traer una iguana de Honduras, por ejemplo, necesita el Cites para hacerlo legalmente. Ahora no podemos importar nada. De loros yaco o verdes, por ejemplo, ha bajado la venta porque casi no hay criadores comercializando. Han dejado de criar porque mantener los loros cuesta dinero y no pueden venderlos”, protestan los comerciantes de animales coruñeses.

Los propietarios de estos negocios achacan la parálisis en las autorizaciones a que, hasta el año pasado, quien se encargaba de gestionar estos permisos era la Asociación de Inspectores Soivre, pero desde noviembre de 2021 es el Ministerio de Transición Ecológica la autoridad administrativa designada por el Gobierno para desempeñar esta función, lo que redundó, para los comerciantes, en el atasco de autorizaciones, pues las únicas licencias disponibles son las programadas con anterioridad a este período. “Este organismo funcionaba perfectamente. Los criadores tenían que informar a Soivre si sus guacamayos, por ejemplo, ponían huevos. Cuando eclosionaban, había que reportar cuántos de esos huevos habían salido. Luego, Soivre mandaba un veterinario para cotejar el ADN de las crías con el de los padres, y cada cierto tiempo se verificaban las condiciones en las que estaban”, explican los comerciantes, que alertan de que, con la entrada en vigor de la nueva ley, sus ventas se resentirán considerablemente. “Ya lo estamos notando, porque la gente está dejando de comprar animales porque piensan que va a ir la policía a sus casas a controlar. La propaganda es de que quieren prohibir todo, y hace daño”.

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