La familia de Diego Bello, tras la detención de sus presuntos asesinos: “Es un descanso, pero sabemos que será lento”

“Es un descanso, y significa que estamos cada vez más próximos a que haya un juicio con todos los requisitos, pero sabemos que no va a ser fácil y que será lento”. Así se pronuncia Francisco Lafuente, el tío de Diego Bello, el joven abatido a tiros por policías filipinos en enero del 2020, tras conocer que los tres agentes acusados de su muerte se encuentran en prisión. El embajador de Filipinas en España, Philippe J. Lhuillier ha comunicado a la familia del joven que los policías se han entregado en dependencias policiales de Manila. Sobre ellos pesaba, desde el 25 de marzo de 2021, una orden orden judicial de arresto y prisión sin fianza por el presunto homicidio. Hasta el pasado día 6 de febrero los detenidos habían permanecido huidos de la justicia, ya que las fuerzas policiales filipinas no habían sido capaces de localizarlos.

El embajador filipino señaló a los familiares que los policías se entregaron voluntariamente al grupo de Investigación Criminal de la Policía Nacional Filipina, y trasladó a la familia su esperanza de que “se haga justicia para Diego”. La familia se muestra satisfecha por la detención, pero, adelantan, no cesarán en su lucha para que se haga justicia por la muerte del joven coruñés. “Cualquier paso hacia adelante va a ser bien recibido y apoyado, pero somos conscientes de que hay que seguir tocando todas las puertas para que esto no pare”, advierte Francisco Lafuente.

La Justicia filipina ha atendido a otra de las demandas de la familia, la del traslado de las diligencias desde la isla de Siargao, donde ocurrieron los hechos, a la capital del país, Manila. Una pretensión que la familia perseguía con el objetivo de evitar presiones y darle entidad de estado al caso. La justicia del país ha decretado finalmente el traslado del expediente a la capital, esgrimiendo la existencia de mayores medios materiales para llevar a cabo el proceso y la de evitar retrasos por cuestiones climatológicas, al estar ubicada la isla en una zona azotada habitualmente por temporales, lo que podría derivar en demoras en el proceso judicial. “Manila es el centro del poder político, económico y judicial, hay una serie de garantías y más vigilancia con lo que se haga”, valora el tío de la víctima.

El juzgado encargado del caso ha ordenado la entrada en prisión sin fianza de los tres policías, Vicente Panuelos, Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda, dada la gravedad de las pruebas que obran en poder de la fiscalía, que los acusa de haber asesinado a Diego Bello y de haber preparado pruebas falsas para acusarlo de narcotráfico. El juez encargado del caso ha ordenado la celebración de una vista previa por videoconferencia con las partes para el próximo 1 de marzo.

La familia ha agradecido el respaldo de la ciudadanía y de los representantes políticos de distintas señas el compromiso y el apoyo brindado desde que salieron a la luz los hechos. Francisco Lafuente define como determinante el clamor social de justicia para el joven para que la causa no haya decaído y para que el juicio donde se dirimirá la responsabilidad de los sucedido esté ahora más cerca de celebrarse. “Ayudó todo el mundo: la gente, la prensa... Nos hemos reunido con todo aquel que ha querido escucharnos, a nivel político y asociativo. Hemos ido al Congreso, y al Parlamento europeo, al gallego, a los ayuntamientos... ese apoyo al final cala”, valora Lafuente. Una presión internacional que, reflexiona, podría haber influido en el cambio de postura del Ejecutivo filipino ante la cuestión, que se fue alineando con las pretensiones de la familia tras el cambio de gobierno y ante el avance de los acontecimientos.

“En un primer momento, el Gobierno filipino reaccionó alegando que era una injerencia en asuntos internos. La sensación es que se ha conseguido hacer consciente a las autoridades filipinas de que no se puede estar protegiendo a agentes acusados de asesinato, y de que no se puede mirar para otro lado. Que si quieren mantener relaciones normales con otras democracias tienen que hacer valer la separación de poderes y no la arbitrariedad. Nos consta que el mensaje le llegó al nuevo presidente”, asegura Lafuente, que ha manifestado la gratitud de la familia para con el primer juez que instruyó el caso, César Pérez Bordalba, por su rápida actuación al iniciar el procedimiento. “Fue el primero que dictó la orden de búsqueda y captura, los acusó del asesinato de Diego y de haber fabricado pruebas falsas y decretó prisión sin fianza debido a la gravedad de los cargos. Eso, en una isla pequeña como Siargao, demuestra muchas cosas”, señala.

Arresto tres años después de los hechos

El arresto de los tres policías acusados de matar al joven empresario coruñés en la isla de Siargao supone un respiro para la familia y los allegados de Diego Bello, que lucharon desde el primer momento para que se hiciese justicia; conscientes, en un principio, de las pocas esperanzas que había de esclarecer los hechos y limpiar el nombre del joven, al que los policías, que presumían haber actuado en defensa propia, acusaban de “narcotraficante de alto valor”, una versión que chocaba con la de los conocidos de Bello en la isla. El cambio de Gobierno y la persistencia de la familia, que elevó la cuestión a las más altas instancias europeas, fueron determinantes para que el caso no cayese en el olvido.

Los tres policías implicados en los hechos estuvieron un año en paradero desconocido. La familia acuso entonces al departamento de policía del gobierno filipino de intentar “dilatar lo más posible su detención, no acatando las órdenes judiciales, en abierto desprecio a la independencia del poder judicial y a la separación de poderes”. Los parientes del joven denunciaron entonces que, a los pocos días de ser notificada a la policía la orden de arresto, se les concedió un permiso a los agentes investigados, y reclamaron al Gobierno del país “una acción decidida para llevar a la justicia a los responsables del asesinato”.

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