La nueva acusación a la trama del Sindicato de Limpieza: "revelación de secretos" del Ayuntamiento

La magistrada del Juzgado de Instrucción nº 6 de A Coruña, que investiga la presunta trama de corrupción y cobro de mordidas ligada al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) ha ampliado las indagaciones iniciales con tres nuevas piezas relacionadas con presuntos delitos adicionales relacionados con el caso. Uno de ellos es el “descubrimiento y revelación de secretos” relacionado con un expediente tramitado por el Concello.

Por este delito se investiga a una persona física y dos jurídicas, y al Ayuntamiento de A Coruña se le ha permitido personarse, en calidad de perjudicado, si bien la jueza no le ha permitido hacerlo en el resto de piezas. De acuerdo con fuentes conocedoras, ni el Concello ni ninguno de los empleados o cargos están imputados, y esta rama de la investigación parte de una grabación incluida en el sumario.

Otra de las piezas creadas por la jueza investiga también el descubrimiento y revelación de secretos, aunque en este caso de empresa, y se investiga a tres personas. El STL es mayoritario en dos concesionarias municipales, la de recogida de residuos (que lleva la empresa PreZero) y la de limpieza viaria (de la UTE A Coruña Limpieza, conformada por FCC e Ingeser Atlántica).

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Este diario no consiguió respuesta por parte de PreZero sobre si hay personal de esta empresa imputado, mientras que FCC señaló que “hasta el momento la empresa desconoce los detalles del caso”.

Finalmente, en una tercera nueva pieza, en la que hay dos personas investigadas, se intenta determinar si se produjo un fraude contra la Seguridad Social simulando una baja laboral.

Además, la pieza principal, esto es, la investigación original, se ha ampliado. En un principio se dirigía contra el secretario general de STL, Miguel Ángel Sánchez; su pareja, responsable de la asociación Imprego, a través de la que supuestamente se cobraban mordidas por trabajar en las concesionarias; el presidente del comité de empresa de PreZero, Luis Varela; y una cuarta mujer a la que se acusa de servir como testaferro de Sánchez en una empresa, Inusvalia, que según la Policía recibía contratos con las concesionarias a través de tráfico de influencias.

Imputación contra el STL

Ahora se han elevado cargos contra otra persona física y cinco jurídicas, incluido el STL Los cargos siguen siendo los mismos que ya se conocían: corrupción entre particulares, blanqueo de capitales y estafa. El sindicato no atendió a las preguntas de este diario. La jueza también intervino propiedades de los acusados, aunque estos han recurrido las medidas.

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Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos incluyen conductas como robar informaciones y datos, o acceder a ellos sin permiso y utilizarlos en lucro del propietario o de otra persona. También conductas como realizar grabaciones ilegales o apoderarse de correos electrónicos.

En los casos más graves, con ánimo de lucro y sobre datos personales especialmente sensibles, las penas pueden ser de entre cuatro y siete años. A los funcionarios y cargos públicos se les impone también inhabilitación. Y en el caso de las personas que desvelen secretos de los que tengan conocimiento “por razón de su oficio o relaciones laborales”, aún sin los métodos anteriores, la pena de cárcel va de uno a tres años.

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