El traspaso del Rosalía Mera y de la biblioteca provincial, en el acuerdo del PSOE y BNG para gobernar la Diputación

El pacto de PSdG y el BNG para gobernar en coalición la Diputación insiste en la cesión de competencias que actualmente tiene asumidas el organismo provincial. Es el caso de centros educativos, instituciones sociales o carreteras e, con el fin de “racionalizar” los recursos de los que dispone. Ambas organizaciones rubricaron un acuerdo marco para facilitar la reedición del gobierno bipartito en la Diputación, en el que explicitan que el funcionamiento del ente no está “adaptado a la realidad social y territorial” de Galicia.

Un punto de vista que comparten ambas formaciones, que parten de posturas distintas: mientras que el PSdG aboga por reformar la Diputación para que no “duplique o triplique” las competencias de distintas instituciones, los nacionalistas proponen suprimirlas por constituir “un modelo de organización territorial ajeno a la realidad gallega”. Los dos partidos se comprometen a impulsar la “transformación radical” de la institución, apoyada, en primer lugar, en la transferencia de competencias a la Xunta. PSdG y BNG han acordado reiniciar “en tres meses” un proceso de negociación para ceder a la Xunta los equipamientos y servicios que, juzgan, “deben tener una articulación a nivel gallego” y que a día de hoy gestionan las Diputaciones, tales como “centros educativos, centros de menores, bibliotecas, museos, teatros o parques de bomberos.” Una negociación que, hasta ahora, ha dado escasos frutos, salvo por el acuerdo con el Concello coruñés para el teatro Colón y con la UDC para la residencia universitaria.

En el caso de A Coruña, entrarían en esta negociación el traspaso de instituciones como los centros educativos Puga Ramón y Rosalía Mera, la biblioteca provincial de Riego de Agua, el hogar infantil Emilio Romay o los parques de bomberos de Arteixo y Betanzos.

La propuesta nace, reza el acuerdo entre ambas formaciones, de la pretensión de “ajustar las funciones” de la Diputación “al estricto marco competencial”, la cooperación jurídica y técnica con los concellos y con el objetivo de impulsar “la mayor transferencia de recursos económicos posibles” a los ayuntamientos pequeños y medianos.

Los debates en torno a la titularidad de determinadas competencias, instituciones y equipamientos en manos del ente provincial no son nuevos. Ya en el año 2016, se acordó crear una comisión técnica entre la Diputación y la consellería de Política Social para analizar el posible traspaso a la Xunta de los colegios y centros de menores provinciales, como el hogar infantil Emilio Romay, ubicado en la zona de Lonzas.

En el año 2020, la Diputación anunció que iniciaría las gestiones para transferir sus centros educativos y asistenciales de menores a las consellerías de Educación y Asuntos Sociais de la Xunta. La iniciativa aprobada afectaba al instituto Puga Ramón, la Residencia Calvo Sotelo, el Conservatorio Profesional de Danza y el hogar infantil Emilio Romay, y también el centro de día de Menores de Ferrol. La cesión, finalmente, no llegó a concretarse, pese a que el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, ya situó el hecho de que el organismo provincial siguiese manteniendo la titularidad de estos centros como un “anacronismo histórico”, que “lastra económicamente, año tras año” los presupuestos de la institución “en detrimento de los concellos”.

Un acuerdo que llama a la desaparición de “favoritismos”

Los responsables de Organización del PSdeG y el BNG, José Manuel Lage y Bieito Lobeira, rubricaron un acuerdo en el que, además del compromiso de delimitar las competencias, pactan garantizar la equidad en la gestión de recursos como “la principal señal de identidad” del ente. Ambas formaciones persiguen la “desaparición de todo tipo de arbitrariedad, discriminación o favoritismo” y reafirman que el objetivo de su acción de gobierno desde los entes provinciales es “garantizar la igualdad de servicios básicos para toda la población”. PSdG y BNG apuestan por garantizar la mayor participación de los grupos políticos en las decisiones y constituir gobiernos no presidencialistas, “eliminando las partidas de uso discrecional por parte de quien ejerza la presidencia”. Además, se aboga por tomar decisiones colegiadas por consenso sobre todos los ejes de trabajo respetando la posterior autonomía de gestión. Una comisión de seguimiento partidiaria entre las dos organizaciones evaluará el cumplimiento del acuerdo y establecerá las medidas correctoras necesarias para su desarrollo.