La Compañía de Tranvías reclama al Concello una indemnización por bajar las tarifas en 2019

La bajada de tarifas del bus urbano aprobada por el Gobierno local de Marea Atlántica en 2018 —anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirmó el Supremo— y que hizo disminuir los ingresos de la Compañía de Tranvías a partir de febrero de 2019, llevó a la concesionaria del transporte público a presentar el pasado febrero al Concello una solicitud de reclamación patrimonial. Así figura en las cuentas presentadas por la empresa, en las que no se menciona la cantidad reclamada a la administración municipal por el supuesto perjuicio económico sufrido.

Cuando la compañía presentó en febrero el balance de los pasajeros transportados durante 2022 no hizo comentarios sobre esta cuestión, mientras que, al ser preguntada sobre la posibilidad de que se presentara la reclamación, la alcaldesa, Inés Rey, tan solo declaró: “Son cuestiones que se tratan internamente entre el Concello y la Compañía de Tranvías”. Este periódico solicitó ayer al Gobierno local que se pronunciase sobre esta reclamación y el importe exigido por Tranvías, pero no obtuvo respuesta.

La alcaldesa había explicado previamente que si hubiera que compensar a la empresa, el Concello se vería obligado a abonar “cifras muy elevadas”. La reducción de las tarifas implicó la bajada del billete general de 1,30 a 1,20 euros y fue adoptada por el Gobierno local de Marea Atlántica a la vista de un reglamento de 2007 de la Unión Europea que regula las obligaciones del servicio y los beneficios obtenidos. La decisión fue respaldada por un estudio encargado a la Universidade da Coruña que consideró que los beneficios de la empresa eran excesivos y que fue corroborado por un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

La empresa recurrió la decisión municipal en los tribunales, donde un juzgado de primera instancia dio inicialmente la razón al Concello, aunque finalmente el Superior de Galicia revocó esa sentencia y se pronunció a favor de Tranvías, al igual que el Supremo, que desestimó el recurso planteado por el Concello. Pero el fallo del Superior tan solo anuló la bajada de las tarifas aprobada en 2018 y no estableció que la administración municipal deba indemnizar a la concesionaria, que tendría que formular una reclamación en ese sentido.

La empresa adoptó finalmente ese acuerdo en diciembre de 2022 y presentó la solicitud en el registro dos meses después, según menciona en sus cuentas entre los hechos relevantes del pasado ejercicio. En 2019, el primer año en el que se aplicó la bajada de las tarifas —que además de reducir el billete en diez céntimos también hizo gratuitos los viajes de los menores de 13 años y los transbordos— Tranvías obtuvo unos beneficios de 3,32 millones de euros, un 12,26% menos que en 2018, año en el ascendieron a 3,78 millones.

Récord histórico

El descenso en las ganancias fue compensado parcialmente por el crecimiento en un 5,1% del número de viajeros transportados durante ese año, que sobrepasó ligeramente los 23 millones y se convirtió en un récord histórico. También contribuyó “el control o suspensión de gastos e inversiones derivados de la incerteza jurídica en la que está sumida la compañía”, frase con la que la compañía justificó en 2020 que no abordase la renovación de su flota de autobuses, situación que se mantiene en la actualidad y que se remonta a 2016. La inminencia del final de la concesión, prevista para diciembre de 2024, hace sospechar que Tranvías no adquirirá nuevos vehículos hasta conocer si seguirá al frente del servicio de transporte público.

La empresa prevé competir por el próximo contrato del bus

“La empresa tiene la voluntad de presentarse en la próxima licitación que realice el Ayuntamiento del servicio que ha venido realizando esta compañía desde 1903” , anuncia Tranvías en sus cuentas sobre la finalización de la concesión del transporte público de A Coruña el 31 de diciembre de 2024. Ante la proximidad de esa fecha, la empresa considera “parte fundamental de su estrategia la preparación para obtener el mejor posicionamiento posible ante el planteamiento y las nuevas condiciones que el Consistorio pudiera exigir a partir del próximo contrato”.

La vinculación actual entre la Compañía de Tranvías y el Concello se basa en un convenio suscrito en 1986 —durante el primer mandato del alcalde Francisco Vázquez— que aplica una fórmula polinómica para calcular el precio de las tarifas y que tienen en cuenta diferentes variables, aunque desde que se utiliza únicamente supuso aumentos de precios, salvo en los años en que ambas partes acordaron su congelación. El Concello encargó un estudio previo a la licitación del nuevo contrato que analizará cómo prestar el servicio. Aunque en 2022 el Gobierno local descartó su municipalización, la alcaldesa declaró a este periódico que no existe “ninguna línea roja” en relación con este asunto.

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