Concello y Tranvías eluden informar sobre el importe de la compensación reclamada por la bajada de tarifas
La concesionaria del bus la presentó en febrero
La alcaldesa califica la exigencia de la empresa de “herencia en diferido”
Un vehículo de la Compañía de Tranvías. | // CARLOS PARDELLAS / José Manuel Gutiérrez
La reclamación patrimonial presentada por la Compañía de Tranvías al Concello por la bajada de las tarifas aplicada en 2019 —desvelada por este periódico el sábado— sigue su curso sin que ninguna de las partes informe sobre la cantidad que exige la empresa por los perjuicios sufridos. “No voy a comentar las estrategias procesales de una concesionaria”, declaró ayer la alcaldesa, Inés Rey, para justificar su silencio sobre este aspecto, mientras que Tranvías rehusó hacer comentarios sobre la iniciativa que puso en marcha en febrero y de la que nada se supo hasta que apareció reflejada en las cuentas de la compañía referidas al año pasado.
Rey recordó que ya en 2019, cuando accedió a la Alcaldía, criticó “una decisión unilateral que ha traído consecuencias lesivas para los intereses de los coruñeses” y de la que dijo que ahora “pueden ser todavía más”. También puso de relieve que cuando en primera instancia un juzgado coruñés respaldó la rebaja de las tarifas “hubo chistes” sobre sus palabras acerca de cuánto iba a costar esa medida.
“Igual ahora no hace tanta gracia”, advirtió la alcaldesa, quien calificó la reclamación de “herencia en diferido” y que aseguró que el Gobierno local de defenderá “los intereses de los coruñeses y del Ayuntamiento”.
Diez céntimos
Los supuestos daños causados en sus cuentas por la decisión del Ejecutivo local de Marea Atlántica de reducir en diez céntimos los precios de los viajes en el transporte público, así como la gratuidad en los transbordos y el acceso de los menores de trece años desde febrero de 2019 llevaron a Tranvías a plantear una reclamación patrimonial tras el rechazo del Tribunal Supremo al recurso del Concello contra la anulación de esa medida. La iniciativa fue adoptada en diciembre pero no se hizo efectiva hasta febrero.
El Concello dispone de seis meses para resolverla, y si transcurrido ese plazo no hay una resolución, se entenderá como desestimada. En este tipo de reclamaciones suele haber negociaciones entre las partes, pero si no se alcanza un acuerdo, el solicitante suele acudir a los tribunales si se rechaza su petición. En este caso, la situación se hace más compleja por la inminencia del concurso para adjudicar el nuevo contrato de este servicio.
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