El Estado espera que el juzgado fije este año cuánto pagará el Concello por la vieja cárcel

La antigua prisión provincial coruñesa dispondrá de un servicio de vigilancia durante las 24 horas del día a partir del 20 de agosto y hasta el 30 de noviembre, ya que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) inició el proceso para contratar este servicio tras haber desalojado el 19 de julio a una persona que se había introducido en el edificio. La sociedad estatal fija ese plazo para la permanencia de los vigilantes ante la previsión de que para entonces ya habrá una resolución sobre la demanda que presentó para que se fije la cantidad que el Concello debe pagarle por la recuperación de la vieja cárcel.

La Siepse establece en el pliego para contratar el servicio que su coste sea de 68.000 euros y que se pueda prorrogar durante un máximo de dos meses. Los vigilantes tendrán que efectuar el control de accesos a la parcela y rondas alrededor del edificio, tanto por el exterior como por el interior del recinto.

La desestimación en 2020 por el Tribunal Supremo del recurso presentado por el Concello para evitar el pago por la recuperación de la prisión hizo que al año siguiente se iniciara una negociación con la Siepse para acordar la cantidad que debe abonarse y en qué condiciones. Aunque en el convenio suscrito en 2005 entre ambas partes se había fijado el abono de 1,2 millones, el organismo estatal reclamó que se incrementase hasta los 2,8 millones por los intereses acumulados hasta ese momento.

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Finalmente se pactó rebajar esa suma en 516.000 euros y efectuar los pagos a lo largo de tres años. Pero cuando el Gobierno local llevó este asunto al pleno el pasado 28 de diciembre, los tres grupos de la oposición —PP, Marea Atlántica y BNG— votaron en contra por su rechazo a que se pague por hacerse con la propiedad de la prisión. Ante esa decisión, la Siepse puso en marcha el proceso para que se establezca la cantidad que debe recibir por la entrega de la histórica cárcel, sin uso penitenciario desde el año 2009.

El edificio estuvo vigilado durante seis meses hasta el pasado diciembre, momento en que quedó sin custodia. Eso permitió que dos personas entraran y acondicionaran algunas estancias, mientras que en el exterior denunciaban con pancartas y carteles el abandono del inmueble. La Policía Local les desalojó a mediados de julio y la Subdelegación del Gobierno instaló una vigilancia provisional que será sustituida en breve por la que contrate la Siepse, en principio hasta finales de noviembre.

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