El Concello ha multado este año a 17 dueños de solares o viviendas por no desinfectarlas

El Ayuntamiento sancionó este verano a la propietaria de un piso de la ronda de Outeiro en la zona del Agra do Orzán por no cumplir la orden municipal de limpiar y desinfectar su vivienda. La multa por no actuar a los requerimientos del Concello, que comenzaron en noviembre de 2022 y fueron constatados por los servicios municipales, fue de 1.000 euros. En lo que va de año la administración local ha abierto 17 procedimientos sancionadores de este tipo a dueños de viviendas (tres) o solares (catorce) por no haber llevado a cabo la limpieza de sus propiedades una vez transcurridos los plazos legales para hacerlo.

Fuentes municipales explican que estos casos derivan en “multas coercitivas” que, al agotarse sin respuesta los plazos para el cumplimiento de las órdenes, suelen acabar en ejecuciones subsidiarias a cargo del Ayuntamiento. De hecho, en los últimos dos años, según añaden las mismas fuentes, el Concello se ha encargado de manera forzosa de realizar la ejecución de tales limpiezas y desinfecciones en cinco inmuebles de la ciudad, cuyo coste ha remitido después de los propietarios.

Estos casos no son sanciones propiamente dichas, como las que conllevan las infracciones de tráfico, por ejemplo, sino “sistemas de ejecución forzosa” que normalmente comienzan con multas y tienen como objetivo la ejecución de la limpieza requerida, explican las fuentes municipales.

Cuando el Concello notifica a los dueños de un edificio con extrema suciedad la orden de limpiarlo y no obtiene respuesta, a continuación le comunica la multa coercitiva, que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Los responsables disponen de un plazo de unos días para proceder a la desinfección del piso o la casa. Si acceden, lo comunican al área de Medio Ambiente los trabajos que realizará, que posteriormente serán comprobados por los técnicos municipales. Si continúan sin responder y no actúan, se les impondrán nuevas sanciones coercitivas que pueden llegar hasta los 10.000 euros de importe.

Otro tipo de requerimientos que el Concello hace a propietarios para que hagan intervenciones en sus inmuebles, y que también pueden tener como resultado multas en caso de incumplimientos, son por razones de seguridad. En el primer semestre del año la administración local ha hecho llamamientos a 123 dueños de edificios de la ciudad para que adopten medidas de seguridad ante el posible desprendimiento de elementos a la vía pública. De este número, 115 tienen como razón las deficiencias evidentes que presentan las construcciones y otras ocho tienen ya expediente por estado de ruina, según datos proporcionados por el Concello.