Sin cotización y 135 euros por asunto: el turno de oficio se moviliza con apoyo de jueces y clientes

La huelga de los abogados y procuradores adscritos al turno de oficio intensifica el colapso en el que está inmersa desde hace meses la Administración de justicia, que encara su tercera movilización en 2023 tras los paros ejercidos por los letrados y por los funcionarios. judiciales En A Coruña forman parte de este turno en torno a 700 profesionales de los cerca de 2.000 colegiados, lo que ronda el 35% de los ejercientes.

Los abogados reclaman mejoras salariales ante las bajas cuantías que retribuyen los asuntos del turno, pero, sobre todo, reivindican una regulación eficiente que rija los marcos del beneficio de la justicia gratuita, y que proteja “los derechos de los ciudadanos, pero también de los profesionales que prestamos el servicio”. Así lo desgrana una de las portavoces de los letrados y procuradores adscritos movilizados, María José Almodóvar, que asegura que “diariamente” han empezado a suspenderse y aplazarse pleitos, juicios y vistas en los juzgados coruñeses debido a la huelga de los profesionales del turno, que se ciñen estos días únicamente a asuntos prioritarios, tales como la atención a detenidos, casos de violencia de género especialmente urgentes o asuntos que incumban a menores. “También hemos recibido el apoyo de muchos de nuestros clientes, a quienes les hemos dicho que esto les va a perjudicar y que nos han contestado que adelante, que luchemos por lo nuestro”, asegura Almodóvar.

“El beneficio de justicia gratuita es un derecho de los ciudadanos reconocido en la Constitución, lo que tiene toda la lógica y todo el sentido. El Estado no facilita este derecho mediante funcionarios públicos, sino a través de abogados y procuradores, lo que nos obliga a prestar este servicio sin una regulación que reconozca este trabajo”, lamenta la letrada, que detalla que “nadie cotiza en la Seguridad Social” por las horas que los letrados y procuradores prestan a la justicia gratuita, que no perciben honorarios por “estar disponibles de guardia 24 horas” y que “hay una dependencia absoluta de la administración”, que decide “cuándo y cuánto” cobrarán los abogados por el servicio prestado.

Los abogados de oficio y los procuradores adscritos iniciaron este martes una huelga indefinida “histórica” por ser la primera que afrontan estos profesionales, con la que piden, entre otras cosas, cotización retroactiva de las horas dedicadas al turno y retribuciones “dignas”. La huelga de ámbito nacional organizada por el sindicato Venia se mantiene pese a que el Ministerio de Justicia ha advertido de que la misma no tiene amparo legal y podría derivar en consecuencias disciplinarias. Frente a ello, los convocantes defienden su derecho a la huelga, y lo hacen con el amparo y el apoyo de algunos jueces, de la Fiscalía y, en el caso de A Coruña, también del Colegio oficial de Abogados, que sitúa como “un objetivo fundamental”, las reivindicaciones laborales de este colectivo. “Los operadores jurídicos saben lo que pasa. Nadie que conozca la administración de justicia puede dudar de la justicia de nuestras reivindicaciones”, manifiesta la letrada.

Entre sus demandas, destacan la promulgación “urgente” de una nueva ley de asistencia jurídica gratuita, que mejore “la protección del abogado de oficio”; el abono de todas las actuaciones llevadas a cabo por el abogado designado, compensaciones económicas adecuadas a la labor que desempeñan, mejora en la retribución de las guardias computando la disponibilidad, abono de desplazamientos y formación continuada con cargo a fondos públicos.

Según el cálculo de los profesionales, la remuneración por asunto es de 135 euros; y mucho menos, o nada, si el caso se archiva y no da lugar a un proceso judicial. “A veces no se nos cubre ni los gastos que genera el desplazamiento. Esas horas, además, dejas de atender a los clientes privados, que al final son los que te dan de comer. En la sociedad actual, es insostenible que unos profesionales paguemos de nuestro bolsillo un servicio público”, juzga Almodóvar, que estima que la asistencia jurídica gratuita cubre en torno al 30% asuntos que se judicializan al año. Demandan desterrar mitos como que el turno lo integran letrados “sin experiencia y recién graduados” y piden cambios más allá de simples mejoras en la retribución por asunto. “El dinero es importante, pero queremos que se reconozca la naturaleza real y auténtica de nuestra relación con la administración. Para estar en el turno, un abogado tiene que llevar tres años cotizados, tener despacho abierto en la plaza, seguro de responsabilidad civil, estar colegiado. Es una desatención absoluta que no puede sostenerse de forma generosa por nuestra profesión”, censuran.

Los letrados y procuradores han visto aumentada su carga de trabajo en los últimos tiempos tras el reconocimiento del derecho de mujeres con discapacidad —independientemente de su capacidad económica— y personas jurídicas a la asistencia jurídica gratuita. “Últimamente se designa abogados para llevar reclamaciones importantes, muy complejas jurídicamente, de asociaciones sin ánimo de lucro en relación a la impugnación de parques eólicos. Se está regulando el derecho a la justicia gratuita sin contar con los trabajadores que la aseguran”, protesta la portavoz del gremio.

Letrados y procuradores dirigen sus reclamaciones al Estado, responsable de la regulación del turno, pero también a la Xunta, que tiene la competencia en materia presupuestaria, pues es quien decide la partida que va a dedicar a sostener el beneficio de asistencia gratuita. A este respecto, el vicepresidente y conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, aclaró que “se trata de reclamaciones al Gobierno central que se suman a las de otros agentes de la Administración de Justicia en los últimos meses”, y destaca que la Xunta “cubre por convenio conceptos que no contempla la normativa estatal”. En este sentido, Calvo añadió que el Gobierno gallego financia la asistencia gratuita mediante compensaciones a través de los colegios profesionales “y reserva para este fin 14,2 millones de euros en los presupuestos de 2024” y que aporta 200.000 euros al Consejo de la Abogacía Gallega “en la compensación de los costes” del turno.