El Estado prorroga hasta finales de mes la vigilancia de la antigua cárcel

La falta de un acuerdo con el Concello sobre la entrega de la antigua prisión provincial lleva a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) a prorrogar un mes más el contrato para la vigilancia del edificio. El pasado 31 de diciembre finalizó la primera prórroga del contrato que se inició el 24 de agosto y ahora se inicia una segunda y definitiva que concluirá el 31 de enero.

La entrada sin autorización en el inmueble de una persona que pretendía denunciar su abandono hizo que el Estado optase por contratar un servicio de vigilancia, ya que los importantes desperfectos que existen suponen un grave riesgo para quienes accedan al interior. El rechazo de la oposición municipal en 2022 a que el Concello pagase 2,3 millones por hacerse con la propiedad de la cárcel tras el pacto logrado por el Gobierno local con el central, que suponía una rebaja de 516.000 euros, supuso la ruptura de las negociaciones entre ambas partes. Pero el pacto entre PSOE y BNG para la investidura de la alcaldesa, Inés Rey, incluía la entrega de la prisión y el mes pasado el Ejecutivo municipal admitió que se habían reanudado los contactos.

Un muro para la vergüenza en la antigua cárcel de A Coruña

La decisión de prolongar la vigilancia del edificio revela que hasta el momento no hay entendimiento entre las dos administraciones. Tras la negativa del pleno al pago, la Siepse puso en marcha el proceso para establecer la cantidad que debe abonar el Concello, ya que una sentencia firme le obliga a hacerlo, pero no menciona el importe. La oposición reclama también que el Estado contribuya a la rehabilitación de este inmueble.

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