Monte Alto: el hartazgo de los vecinos refleja el fallo social

Los problemas causados en Monte Alto por personas que se dedican al tráfico de drogas en viviendas ocupadas y por sus clientes, que cometen numerosos robos en la zona para poder adquirir los estupefacientes, derivaron el pasado martes en una reacción vecinal que culminó con el cerco de uno de esos pisos y la posterior salida de sus ocupantes. La presencia policial evitó que el domicilio fuese asaltado por quienes lo rodearon durante horas. La protesta de los vecinos elevó el tono de las realizadas en los últimos días, tras continuas quejas a las autoridades sobre la inseguridad que, según los convocantes, se vive en el barrio.

“El problema está fundamentalmente en que los poderes públicos están desbordados. Se ha invertido poco en efectivos policiales, son insuficientes y llega un momento en que no pueden actuar ante muchísimas situaciones”, opina sobre casos como el de Monte Alto Miguel Clemente, catedrático de Psicología Social en la Universidade de A Coruña. Según afirma, “el número de efectivos policiales en comparación con la población española y la de A Coruña cada vez es más bajo”, lo que repercute en que las fuerzas de seguridad “no puedan actuar de manera adecuada”.

Clemente admite que reacciones a la delincuencia como la llevada a cabo por los vecinos de Monte Alto pueden suponer un peligro si se pierde el control sobre ellas, aunque considera que “los ciudadanos están siendo bastante moderados”. Según explica, los vecinos afectados están de acuerdo en que existen unas normas y que deben ser respetadas, pero “no entienden que otros no las respeten y además se les respete”. Situaciones como la vivida en este barrio dan pie en su opinión a la contratación de empresas especializadas en la desocupación de viviendas, de las que dice que utilizan una “negociación como una especie de coacción”. Para Clemente, “estamos en un periodo ascendente en ese tipo de actuaciones”, por lo que cree que deberían introducirse cambios legales o negociar soluciones con los vecinos, en lugar de limitarse “a decirles que tienen que respetar la ley y punto”.

Aunque asegura que las estadísticas no reflejan que la delincuencia sea similar a la de los años ochenta, admite que “sí es así en la percepción ciudadana”, por lo que estima que “es un aspecto que también debe cuidar la Administración porque no sólo es importante cuántos delitos se cometen, sino la sensación que tienen las personas de la seguridad”.

Enemigo común

Para José Ángel Brandariz, catedrático de Criminología en la Universidade da Coruña, “tras la pandemia han pasado muchas cosas muy negativas y la criminalidad es uno de los lenguajes hacia los que podemos unificarnos y tener un enemigo común”. En su opinión, en el caso de Monte Alto las autoridades cometieron “un grave error al laminar la oportunidad de articular a amplios sectores para conseguir una solución”. También destaca que “si hay un barrio que entró en declive profundo en los últimos quince años es Monte Alto”, ya que piensa que “acumuló problemas de barrios de periferia”.

Aunque pone de relieve que el nivel de venta de drogas y conflictividad “es ínfimo en relación a los años 70, 80 y 90”, también alerta de que “a efectos de la percepción no cuenta tanto la realidad objetiva en términos cuantitativos, sino los cambios abruptos, ya que a una persona que hace tres años no percibía que hubiese tráfico de droga en su calle aunque lo hubiese, le da igual que en los 80 hubiese mucho más”. El bajo nivel de criminalidad en España repercute, a su juicio, en que no haya “dinámicas que articulen a las policías con la ciudadanía” que juzga necesarias para poner en marcha medidas más efectivas. “Encontrar una convivencia no es labor de la policía, es de todos” advierte, por lo que cree que los problemas de este tipo “no se van a solucionar nunca” con la intervención en exclusiva de las fuerzas policiales.

“No es la primera vez que esto pasa en A Coruña”, recuerda Germán Lago, quien fue director de Seguridad en el Concello e inspector jefe del distrito norte del Cuerpo Nacional de Policía. Según recuerda, en O Birloque en los años noventa había drogadictos que robaban a las mujeres del barrio cuando volvían de la compra y los vecinos organizaron patrullas que dieron palizas a los autores de los robos.

“Antes el trapicheo de droga estaba focalizado en Penamoa”, destaca, pero ahora “se ha diversificado por distintos barrios” y la delincuencia en A Coruña “ha crecido por encima de una ciudad de su tamaño”, lo que entiende que “causa un malestar en la ciudadanía”. La razón de este fenómeno es que las patrullas policiales en A Coruña “son menos por habitante que en Vigo o Ferrol y la respuesta policial evidentemente es menor”. También menciona el “hartazgo” de los vecinos ante los anuncios políticos sobre que se reforzará la presencia policial que finalmente no se produce y que lleva a que la población se “soliviante”.

Lago rechaza que la solución al problema de Monte Alto pase por el asedio a los narcopisos como el realizado el martes, sino por “presionar a los políticos” para que tomen medidas y evitar que sean los propios vecinos quienes saquen a los narcotraficantes de las casas ocupadas, ya que eso es un delito. Su experiencia profesional le lleva a afirmar que si existen 20 narcopisos y otros tantos puntos de droga en la ciudad, “la policía habitualmente trabaja en dos o tres porque solo cuenta con ocho agentes por turno” y que las comisarías de distrito, que también persiguen el trapicheo, “hace cuatro o cinco años tenían 30 funcionarios de policía judicial y ahora solo doce”.

Pese a las comparaciones que hacen los vecinos de Monte Alto con el problema de la droga en los años ochenta para afirmar que la situación ahora es peor, Lago recuerda que en aquella época aún no existía el poblado chabolista de Penamoa y que “el trapicheo estaba también diversificado como ahora”.

También reconoce que la imposibilidad de acabar con la inseguridad y las quejas expresadas por la ciudadanía frustran a los policías porque se les acusa de no actuar contra los delincuentes. Sobre esta cuestión asegura haber leído comentarios a las noticias del incidente de Monte Alto en las que se reprochaba los numerosos agentes enviados a proteger a los ocupantes del narcopiso en comparación con los destinados a investigar robos. “Eso te fastidia, pero también hay que ver los diez o doce policías que había ese día en Monte Alto son todos los que había de servicio en la ciudad en ese momento”, destaca.

El paso del trapicheo de las chabolas a los pisos dificulta la intervención de la policía

El paso de la venta de droga desde las chabolas a pisos ocupados dificulta la actuación policial contra los traficantes, ya que los agentes se ven más limitados para intervenir. El catedrático de Psicología Social Miguel Clemente recuerda que “anteriormente la venta estaba en la calle y ahora está en los pisos, quizá porque la legislación pone tremendas trabas para entrar en una vivienda”.

Considera que las exigencias judiciales para entrar en un domicilio “son muy escrupulosas, como debe ser, por otra parte”, pero que este factor “traslada esa guerra a una situación en la que legalmente existen muchas dificultades”.

El expolicía Germán Lago destaca que en los años ochenta había numerosos grupos de chabolas en la ciudad y que en varios de ellos se vendía droga, además de en edificios abandonados, “pero no se trapicheaba en un piso”. “Sabías que el traficante estaba en aquellas casas abandonadas en el barrio y eso reducía la sensación de inseguridad”. Aunque a efectos del acceso de la policía una chabola también es considerada una vivienda y se precisa la misma autorización judicial para entrar, Lago explica que a la policía “le era mucho más fácil obtener pruebas para que el juez le diera la orden de entrada porque estaban separadas de las viviendas y se podían hacer seguimientos y vigilancias con grabación de vídeo de la gente que salía de la chabola, a la que se cacheaba antes y después, mientras que en un piso es mucho más difícil”.

Añade que el drogadicto y el narcotraficante “han aprendido con los años y ahora te venden la dosis y te la pones allí mismo”, lo que impide a la policía demostrar que se ha comprado en esa vivienda.

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