La Xunta ignora el criterio del Concello y sigue inscribiendo a todo piso turístico que lo solicite

En octubre del año pasado el Gobierno local anunció que consideraría a las viviendas de uso turístico como negocios, siguiendo sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y que, en consecuencia, quedan sometidos a las limitaciones del Plan General de Ordenación Municipal. Con este criterio, en la mayor parte de la ciudad, solo pueden abrir en bajos, primeros pisos o edificios exclusivos, y en la Ciudad Vieja y Pescadería, con carácter general, solo en inmuebles aparte, pero, por el momento, la decisión no ha tenido efectos prácticos. El 20 de noviembre pidió a la Xunta que impidiese la inscripción de los que no cumplan el PGOM, pero el Gobierno gallego afirma que “no tenemos constancia de comunicación oficial del Concello”, y que sigue inscribiendo a todas las viviendas que presenten los trámites habituales. Y las viviendas de uso turístico, siguen aumentando: de 1.024 en octubre se ha pasado a 1.238 actualmente, casi un 21% más, según el registro autonómico.

De acuerdo con la Axencia de Turismo de Galicia, dependiente del Gobierno autonómico, el servicio está aplicando el “procedimiento habitual” a la hora de tramitar las nuevas solicitudes de viviendas de uso turístico que provengan de A Coruña “para garantizar la seguridad jurídica de los afectados”. Es decir, “se están dando de alto las que lo soliciten” y, siempre y cuando, como se exige para abrir una vivienda de uso turístico en cualquier municipio, los interesados presenten un documento en el que declaran “responsablemente que cumplen con la normativa responsable, incluida la municipal”.

El Concello de A Coruña exige título municipal y alta en el impuesto de actividades a los pisos turísticos

Aunque Turismo no impide la inscripción en base a los criterios municipales, sí abre un camino para que el Ayuntamiento pueda cerrarlas a posteriori. Desde la agencia señalan que las nuevas altas “se informan al Concello”, de manera que “si existe algún incumplimiento de la normativa municipal”, el Gobierno local puede “informar y acreditar exactamente qué incumple y en qué normativa se sustenta para proceder con la baja”. Es decir, iniciar un procedimiento caso por caso para dar de baja la vivienda, en el que, señala la Xunta, se da “audiencia a los interesados”.

El organismo del Gobierno gallego no ha respondido a la pregunta de este diario acerca de si ha recibido peticiones del Ayuntamiento, o de particulares, de dar de baja del registro a viviendas de uso turístico en A Coruña en base a que incumplan el plan general. Fuentes del Gobierno local insisten en que “el Concello trasladó a la Xunta su normativa, que no es otra que la aplicación” del PGOM, para que el Gobierno gallego “la tenga en cuenta a la hora de inscribir nuevas viviendas de uso turístico en sus registros”. La petición, insiste el Ayuntamiento, se respalda en “las sentencias diversas sobre la necesidad de atenerse a las normas municipales en este asunto”.

Por el momento, las nuevas viviendas siguen abriendo con normalidad, y no hay acciones para cerrarlas. Según señala el vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, “no conocemos que haya denegaciones de la Xunta”. La agrupación se opone al criterio municipal de considerar a las viviendas de uso turístico como negocios, que, consideran, se basa en una parte de la jurisprudencia, mientras que en otras partes de España otros juzgados han seguido otros criterios. La asociación ha realizado reuniones de dueños en A Coruña, alguna con un centenar de asistentes, con el objetivo de organizarse en contra de las restricciones, y reclama que el Ayuntamiento establezca un diálogo con los propietarios sobre el futuro de las viviendas, y, si las limita, lo haga en base a estudios concretos.

La ordenanza, en pausa

El Concello ha creado una mesa de consulta con Aviturga y otros colectivos interesados, desde vecinos a hoteles, para desarrollar una ordenanza que regule los pisos turísticos. De acuerdo con el concejal de Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, en esta también tendría que debatir qué ocurre con los pisos turísticos que ya están abiertos y son incompatibles con el PGOM, ya que hasta ahora el Concello solo ha pedido a la Xunta que impida la inscripción de nuevos negocios.

Pero la mesa, en la que todavía no se ha presentado un borrador de ordenanza, se reunió por última vez el 31 de octubre. “No hemos recibido avisos para retomar el análisis en la mesa sectorial de si hay que regular y como”, indica Serrano, si bien la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, que también está presente en la mesa, matiza que hubo alguna tentativa de organizar un encuentro que no se pudo concretar por problemas de agenda. Por el momento, los miembros de la mesa no tienen fecha para la próxima reunión, y el Gobierno local no ha respondido a la pregunta de este diario sobre si tiene previsto organizar un nuevo encuentro.

Un centenar de dueños de pisos turísticos se reúnen ante la “preocupación” por la regulación municipal

Esto se suma a un retraso de años. A finales de 2021, el Gobierno local socialista y el grupo municipal de Marea Atlántica llegaron a un pacto en materia de vivienda, que incluía desarrollar una regulación específica de las viviendas de uso turístico. En aquel entonces había menos de la mitad que ahora, pero Marea consideraba que dificultaban el acceso a la vivienda a los residentes. El Gobierno local no cumplió la medida pactada, y en agosto de 2022, con unas 650 viviendas de uso turístico en la ciudad, consideró que “por ahora no suponen una amenaza para el sector turístico” .

“A Coruña tiene más de 20.000 viviendas en régimen de alquiler y poco más de 600 en alquiler turístico”, indicaba entonces el Concello, que añadía que “seguimos la evolución de este tipo de pisos y estudiamos posibles medidas, pero de momento no consideramos que sea necesario regularlos más allá de lo que ya establece la normativa autonómica”. Poco después cambió de nuevo de criterio, y, en enero de 2023, anunció que crearía la mesa sectorial para estudiar la regulación, ya en marcha pero sin resultados. Desde diciembre de 2021, fecha del pacto con Marea, hasta la actualidad, las viviendas de uso turístico han pasado de 572 a 1.238. Dicho de otro modo, han crecido en un 116% desde la primera fecha en la que el Ayuntamiento se comprometió a regularlas.

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