Estos son los cálculos de la Xunta para oponerse a congelar los alquileres en A Coruña

El Concello pidió el pasado mes de octubre a la Xunta que declarase toda la ciudad como zona tensionada, una posibilidad que recoge la Ley de Vivienda y que supondría, entre otras medidas, que los precios de los alquileres ya existentes quedarían congelados, al tiempo que los pisos que salgan al mercado, y los de grandes tenedores, quedarían sometidos a un coste máximo marcado por un índice estatal de referencia. La Xunta rechaza declarar toda la ciudad como zona tensionada, aunque se abre a hacerlo por zonas, y, según los requisitos de la ley y los datos del Gobierno gallego, se podría aplicar esta definición a casi toda la ciudad, excepto el distrito 15190, que engloba a Novo Mesoiro y Feáns. Pero los cálculos de la Xunta estiman que solo hay base legal para hacerlo en el 15001, 15002 y 15003, esto es, Ciudad Vieja, Monte Alto y la zona del Orzán y la plaza de Pontevedra.

Para entenderlo hay que referirse a la ley, que indica que una zona se puede considerar como tensionada en dos casos. Uno es que los gastos de vivienda superen el 30% de los ingresos o renta media de los hogares, pero este método la Xunta lo considera “poco fiable” porque habría que remontarse a datos de 2021. Otra posibilidad es que los precios de los alquileres, o de las compraventas, hayan subido a lo largo de un periodo de cinco años tres puntos más que el IPC de la comunidad autónoma. Aplicando este criterio a los distintos barrios de la ciudad, y usando los datos de precios de arrendamientos del Observatorio Galego da Vivienda, dependiente de la Xunta, se ve que todos los distritos salvo el 15190 rebasaron el límite entre 2018 y 2023.

El control del precio de los alquileres causa un nuevo choque entre Xunta y Concello

Pero el Gobierno gallego, según explicó a este diario, no realiza sus cálculos usando sus propios datos, sino los que empleó el Estado para calcular su índice de precios de referencia. Considera “lógico” utilizar esta base, argumenta, pues el índice será de aplicación obligatoria en las zonas tensionadas, aunque al mismo tiempo afirma que los datos estatales presentan “serias dudas” porque “parece que no se tuvieron en cuenta los datos de las fianzas de alquiler depositadas en las comunidades”, y señala que este sistema estatal incluye “posibles distorsiones”.

Otra limitación es que este sistema no tiene un histórico que permita hacer cálculos a lo largo de un periodo de cinco años, por lo que la Xunta afirma que tuvo que “trabajar con datos del periodo 2019--2022”, esto es, más corto que el que establece la normativa. Con estas limitaciones, solo cumplen los requisitos los distritos 15001, 15002 y 15003.

La Xunta niega que la ciudad reúna condiciones para declarar tensionado el mercado de alquiler

El Gobierno gallego puntualiza que el método que ha elegido no es obligatorio. Esto es, si el Ayuntamiento decide emplear “otras fuentes de datos para sus cálculos”, como las de la propia Xunta, podrá hacerlo, “siempre que justifiquen adecuadamente las razones” por las que no emplean las del índice estatal que fija los precios máximos.

A la espera de una petición

El Gobierno gallego se opone a la Ley de Vivienda en sí misma, que considera contraproducente, y no declarará zonas tensionadas de oficio. Pero sí estableció en noviembre un mecanismo para tramitar peticiones de los ayuntamientos. La solicitud de octubre del Concello, para la Xunta, no está suficientemente justificada, pero el Ayuntamiento insiste en que es válida y no ha presentado una petición con la documentación que pide el Gobierno gallego.

Ambas administraciones estuvieron presentes la pasada semana en una reunión sobre esta cuestión. El Gobierno local pidió a la Xunta que le presentase por escrito su motivación para denegar la declaración de zonas tensionadas en la mayoría de la ciudad, si bien esta afirma que ya se explicó en la reunión.

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