La falta de acuerdo para la cesión de la antigua cárcel de A Coruña obliga a contratar por tercera vez su vigilancia

La antigua cárcel provincial de A Coruña, sin actividad desde hace quince años, sigue deteriorándose a la vista de los vecinos y turistas que transitan por el paseo marítimo sin que el Estado, propietaria del inmueble, haya acometido obras para rehabilitarla. El Gobierno local y el central negociaron, ya en 2021, que la finca volviese a propiedad del Concello a cambio de 2,3 millones de euros pero el año siguiente la oposición se negó a ratificarlo, pidiendo una reversión gratuita. Las negociaciones continúan sin visos de acuerdo, y el inmueble, a la vista de la Torre de Hércules, ha sido objeto de actos de protesta y ha sufrido entradas ilegales e incendios. El Estado lo ha clausurado y firmado dos contratos de vigilancia, que, en teoría debían ser provisionales. El último, por cinco meses y medio contando las prórrogas, acabó el 16 de febrero, y el Gobierno sacó otro concurso que acaba de quedar desierto, de más longitud: tres meses, con posibilidad de prorrogarlo medio año adicional.

El edificio tiene casi cien años. Abrió en 1927, en una parcela cedida por el Concello, y perdió el uso penitenciario como tal en 1998, aunque hasta 2009 mantuvo actividades de inserción social. En 2005, con Francisco Vázquez como alcalde, el Ayuntamiento firmó un acuerdo con el Estado para recuperar la finca y el inmueble, a cambio de ceder la parcela que ahora ocupa el centro de inserción social de Monte Alto y pagar 1,2 millones de euros.

El Concello de A Coruña inicia nuevas negociaciones con el Gobierno para recuperar la antigua cárcel

En 2011, con la llegada del PP a la Alcaldía, este grupo defendió que la finca tenía que volver gratuitamente al Concello. Declaró el convenio nulo, y la sociedad estatal que gestiona la propiedad, Siepse, recurrió a los tribunales. La disputa legal continuó durante el mandato de Marea Atlántica, que también negoció una cesión temporal de la cárcel: una parte llegó a abrir, durante unos meses, y se realizaron algunas reparaciones menores. Pero en 2020, ya con el PSOE de nuevo en el Gobierno local, el Tribunal Supremo falló en favor del Estado. Según ha defendido la alcaldesa, Inés Rey, el Estado podría ahora pedir una ejecución de sentencia, forzando al Concello a pagar lo previsto en el convenio, y, además, los intereses legales acumulados.

Según adelantó este diario, en febrero de 2021 el Ayuntamiento pidió a Siepse llegar a un acuerdo extrajudicial, y, según la sociedad pública, este se hizo “pleno” en mayo de ese año, hace casi tres. Pero el Gobierno local dejó pasar año y medio antes de llevarlo al pleno municipal. Cuando lo hizo, en diciembre de 2022, presentó una propuesta para recuperar el edificio a cambio de pagar 2,3 millones de euros. Esto es, los 1,2 millones previstos en el convenio y 1,1 millones de intereses: de acuerdo con el Concello, el Gobierno central había aceptado perdonar medio millón que podría solicitar.

El Estado prorroga hasta finales de mes la vigilancia de la antigua cárcel

Pero la oposición se negó en bloque: la de la cárcel fue uno de las dos propuestas del Gobierno local que no se aprobaron en el pleno durante el pasado mandato, de un total de 218. PP, BNG y Marea Atlántica se negaron a pagar por el inmueble, y el mes siguiente presentaron y aprobaron una moción conjunta pidiendo una nueva negociación con el Estado que incluyese plazos y condiciones “para la reversión gratuita del edificio”. También reclamaron al Gobierno central que asignase fondos “para la rehabilitación y puesta en valor” del inmueble, algo que no estaba en el acuerdo original. El Gobierno local afirmó en noviembre del año pasado que había retomado las negociaciones, pero ayer señaló que, aunque siguen en marcha, “por ahora no se ha llegado a un acuerdo”.

Falta de solución política

El impasse, probablemente, seguirá. El Estado central no ha ejecutado la sentencia, algo que implicaría llevar a los tribunales a un Gobierno local que también es socialista, pero tampoco ha aceptado ceder la finca gratuitamente, y mucho menos correr con los gastos de rehabilitación del edificio, un punto que no figura de manera tan prominente como la cesión gratuita en el debate pero que, en términos monetarios, es lo más importante. El Concello no ha cuantificado con precisión lo que costaría la rehabilitación, pero estima que puede ascender a decenas de millones de euros. Y el Gobierno local no puede firmar un acuerdo sin el respaldo de algún grupo de la oposición: el BNG y el PP suman mayoría en el pleno.

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Ante los problemas que suponía tener el edificio vacío, en el que se produjeron incendios y del que hubo que desalojar, en febrero de 2022, a una veintena de personas, el Estado cerró ese año las entradas y contrató un servicio de seguridad. Los gastos, según la documentación del concurso, se pasarían al Ayuntamiento. En principio debía ser provisional, pero acabó en diciembre de 2022, tras seis meses, sin solución para el inmueble. En julio del año pasado, la Policía desalojó a un hombre que se había instalado en el edificio: lo adecentó, colgó pancartas que denunciaban el abandono e incluso organizó visitas. En agosto el Estado contrató otro servicio de vigilancia, que acabó en febrero. Sacó un nuevo concurso, que ha quedado desierto porque la única oferta no presentó la documentación requerida.

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