El Observatorio contra la LGBTfobia alerta del aumento de agresiones a mayores de 50

El informe anual del organismo que gestiona Alas recoge 48 incidentes de odio el año pasado, 20 menos que en 2022 pero con “un mayor componente violento”

Pablo Zas, del Observatorio contra la LGBTfobia, la concejala Yoya Neira, la presidenta de Alas, Ana Fernández y Óscar Rodríguez, técnico de Alas.  |  // IAGO LÓPEZ

Pablo Zas, del Observatorio contra la LGBTfobia, la concejala Yoya Neira, la presidenta de Alas, Ana Fernández y Óscar Rodríguez, técnico de Alas. | // IAGO LÓPEZ / marta otero mayán

Menos incidentes de odio, pero más violentos. Es la conclusión más preocupante que puede extraerse del informe anual del Observatorio coruñés contra la LGBTfobia, gestionado por la Asociación Alas y que contabiliza, año a año, las agresiones contra el colectivo LGBT y sus símbolos denunciados en Galicia. En la que ya es su sexta memoria, titulada Una diversidad libre, y que representantes de la entidad presentaron ayer en María Pita, se recogen 48 incidentes de odio en 2023, repartidos entre agresiones verbales, físicas —que siempre van acompañadas de violencia verbal—, acoso, agresiones o incidentes de índole sexual, denegación de servicios y ataques al patrimonio.

Son 20 menos que las que reflejaba la memoria de 2022, pero, detallan desde Alas, responden a un “mayor componente violento”: 43 pueden ser consideradas como agresiones al colectivo LGBT, de las cuales, 14 responden a ataques físicos y verbales y 23 a insultos y otras agresiones de tipo verbal. Los datos hacen cristalizar, además, una novedad con respecto a años anteriores: el aumento de las agresiones LGTBófobas a personas mayores de 50 años. “Este tipo de agresiones suelen darse en la vía pública. Los incidentes en espacios domésticos se han estabilizado”, reveló Ana Fernández, si bien también detalló que estas violencias siguen dándose en ámbitos como los centros educativos o los espacios de ocio. “No podemos negar que el aumento de este componente de violencia está ligado al aumento de discursos de odio. También existe más denuncia porque la gente entiende que no tiene que pasar por esto sola, que hay recursos a los que pueden acudir para denunciar y recibir acompañamiento y asesoramiento”, animó la presidenta de Alas.

La concejala de Benestar Social, Yoya Neira, reconoció la importancia de estos datos para guiar a las administraciones “hacia un análisis riguroso” de estos incidentes. “Nos indica hacia dónde tenemos que ir y las políticas que debemos realizar, como las campañas de prevención, concienciación y visibilización para evitar actitudes discriminatorias”.

El organismo realizó, en 2023, 352 atenciones que responden a 227 casos, lo que supone “dos nuevos casos cada tres días”, una proporción alta para los responsables del servicio. La mayor parte de las personas que requirió servicio de asesoramiento, acompañamiento, información u otros recursos del Observatorio se situaba en una franja de edad entre los 20 y los 40 años, el 66% de origen español y el 33% restante procedente de 21 nacionalidades, lo que da cuenta, observa Fernández,

Aunque el Observatorio trabaja en el ámbito autonómico, la mayor parte de consultas y agresiones registradas se localizan en A Coruña y su área, lo que desde Alas atribuyen a la cercanía geográfica del recurso. “Donde más nos reclaman es en A Coruña, porque la presencia física la tenemos aquí”, señaló la presidenta de la entidad, que precisó que, por primera vez, las atenciones de índole sanitaria ocupan el primer lugar del total de intervenciones del observatorio, por encima de las cuestiones de ámbito social. “Hay una fuerte puesta para trabajar por el cuidado de la salud sexual, con iniciativas como la colaboración con la UDC o la realización de charlas y formaciones para abordar cosas como el chemsex”, precisó la presidenta, que recordó que, pese a que el servicio opera en el ámbito autonómico, solo reciben financiación del Concello de A Coruña, e instó a la Xunta a “trabajar urgentemente en la reformulación de la normativa” en materia LGBT y llamó a las administraciones a poner en marcha recursos habitacionales de emergencia para personas del colectivo en riesgo y a facilitar su acceso a recursos de salud mental.