Lage defiende la licencia recibida para sus pisos y la oposición le reclama más datos

“Queda claro que no hay caso”, manifestó ayer de forma rotunda en el pleno municipal el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, durante la comparencia que solicitó para defender la legalidad de su actuación con respecto a las viviendas de su propiedad en la avenida del Ejército sobre las que la oposición le reclamaba explicaciones. “No hay ninguna obra hecha”, afirmó sobre las acusaciones de que se habían realizado trabajos en las viviendas sin contar con la preceptiva licencia, para que lo que señaló que el informe municipal que los menciona se refiere a la petición de un vecino sobre la supuesta inexistencia de una salida de humos.

Inés Rey, sobre el piso de Lage: “Reitero la honestidad de mi Gobierno”

También anunció que estudiará presentar acciones legales contra los concejales que difundieron datos personales suyos sobre esas propiedades al considerar que vulneraron sus derechos, ya que mencionaron la dirección exacta en la que se encuentran.

La intervención de Lage, que sucedió a debates sobre otros asuntos en las que los concejales del PP hicieron continuas referencias a las irregularidades que atribuyen a la tramitación municipal sobre esas viviendas, no satisfizo sin embargo a los dos grupos de la oposición, que consideraron que no desmintió haber realizado obras sin disponer del permiso municipal y que el mismo se concediese en un periodo de tiempo muy breve en relación con el habitual.

El portavoz socialista defendió que la tramitación de la licencia se realizó sin trato de favor, por lo que se consideró víctima de un “linchamiento” y una “cacería” por parte de la oposición. Afirmó que los inmuebles figuraban como viviendas en el Catastro y como locales comerciales en el Registro de la Propiedad, lo que calificó como habitual, y recordó que delegó la tramitación de la licencia en una empresa y que cumplió “escrupulosamente” el deber de abstenerse sobre su aprobación. Destacó además que la licencia cuenta con los informes jurídicos y técnicos favorables y defendió la labor de los funcionarios municipales, ya que durante esas mismas semanas se concedieron una veintena de licencias en plazos de menos de un mes, cuando la suya tardó un mes y medio.

También dijo que en Urbanismo se aplica un “triaje” para determinar la urgencia de las solicitudes de licencia y, ante las irregularidades que PP y BNG denunciaron en sus intervenciones, replicó que ambos grupos “no pudieron probar” que la licencia se tramitara con mayor celeridad que otras, que hubiese intervenido personalmente en el proceso, ya que se abstuvo de participar, y que el permiso se obtuviera de forma ilegal. “No tengo más derechos que nadie pero no tengo menos”, advirtió.

“¿Hizo usted reformas en ese inmueble sin haber obtenido la licencia?”, preguntó el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, a Lage, a quien reprochó que Urbanismo pidiera que se abriera un procedimiento de reposición de la legalidad por este motivo y que no se hiciera. Calificó de “licencia exprés” la obtenida por el portavoz del Gobierno al tramitarse en poco tiempo y dijo que “le traiciona el subconsciente al comportarse como un reo que se siente acosado”.

“Tomarnos el pelo”

Lorenzo destacó que la licencia se concedió el 6 de marzo y dos días antes un informe municipal dijo que se hicieron obras para dividir los pisos y que estaban terminadas. “Ha venido aquí a tomarnos el pelo”, se quejó el portavoz popular, quien añadió que si Lage “tuviera algo de dignidad se levantaría y se iría”. Según su opinión, “no ha contestado a ninguna pregunta porque sabe que no tiene defensa”.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, explicó que su grupo no acudió a los tribunales porque “no constan hechos delictivos, sino irregularidades graves”, entre las que mencionó que se solicitó licencia sin estar aprobado el cambio de uso de las viviendas, que se incumplieron los plazos para tramitarla y que se hicieron obras sin permiso, así como que no se paralizaron tras la obra recibida. También criticó que se abstuviera en favor de la directora de Urbanismo, que es subordinada suya y tachó de “supersónica” la tramitación de la licencia en un mes y medio.

El nacionalista estimó que en su intervención Lage ni desmintió la realización de obras sin licencia ni que incumplió la orden de paralizarlas, y consideró que lo fundamental en este caso es saber si hubo trato de favor, tras lo que advirtió que la alcaldesa debe decidir si es necesario depurar responsabilidades políticas. También calificó de “poco estético” que cediese sus competencias en este caso a la directora de Urbanismo, ya que fue nombrada por él.

Una comisión de seguimiento al Gobierno local

El debate sobre una moción del Partido Popular que reclamaba la creación de una comisión municipal de seguimiento de la labor de la alcaldesa y del Gobierno local, que fue aprobada con sus votos y los del BNG, sirvió de aperitivo al duro enfrentamiento sobre las viviendas de José Manuel Lage. Los populares denunciaron que de 129 expedientes municipales que solicitaron en este mandato solo se les entregaron dos y que el de los pisos del portavoz del Gobierno se facilitó “incompleto y ocultando documentos esenciales”, como el que propone que se reponga la legalidad urbanística en esas viviendas, del que dijo que sigue sin serles entregadoTambién afearon que la alcaldesa “vetase” una reunión de la comisión de transparencia para abordar este asunto con el argumento de que en ella no se hace control al Gobierno, cuando en el resto de las comisiones sí se hace. Sobre la acusación de Lage de que con estas críticas “señalan a los funcionarios”, dijeron que “los funcionarios les señalan a ustedes”. El nacionalista Francisco Jorquera calificó de “peripecia” el intento de su grupo de acceder al expediente sobre las viviendas de Lage y destacó que la negativa a recibir una copia obligó a su compañera Avia Veira a tomar notas durante cinco horas.Lage citó por su parte que una sentencia del Supremo establece que el derecho a participación política no incluye el acceso a copias de expedientes y detalló que en el pasado mandato el PP recibió 59 y en el actual 127, mientras que el BNG otros 26. Se opuso a la creación de la comisión municipal solicitada por el PP con el argumento de que estos grupos de trabajo se acuerdan al inicio del mandato y recordó que durante el Gobierno local del Partido Popular fue condenado por los tribunales por negar el acceso a las auditorías de la planta de basuras de Nostián. En opinión del portavoz del Ejecutivo, los populares ejercen una “oposición destructiva”.

En contacto con la UDC por la gestora de la Ciudad de las TIC

El Gobierno local achaca a los cambios en la Universidade da Coruña (UDC), en alusión a las elecciones al Rectorado, el retraso en la constitución de la sociedad que gestionará la Ciudad de las TIC, en la que el Concello tendrá un 51% de participación y la UDC el 49%. El concurso de ambas instituciones fue aprobado por cada una a finales de 2023 con un capital de 660.000 euros, pero ninguna ha confirmado su creación. “Dimos todos los pasos y estamos en conversaciones con la UDC, donde hubo un proceso de cambio que dificultó que no se acelerase la creación de la sociedad”, explicó el portavoz municipal, José Manuel Lage.

El BNG apoya el Mundial, no la costosa reforma de Riazor

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, y responsable de la Promoción de la Ciudad, Gonzalo Castro, discreparon en el pleno respecto al gasto estimado por el Concello en la reforma del estadio de Riazor para acoger partidos del Mundial 2030, de unos 90 millones. Jorquera incidió en la necesidad de reformas en instalaciones deportivas y consideró excesivo el gasto en ampliar el aforo de Riazor “para dos o tres partidos”. Aclaró que el BNG aprueba que la ciudad sea sede del Mundial pero no la obra. Castro rebatió diciendo que habrá más partidos y que desde 2026 se llegará a un “retorno económico” para la ciudad de 60 millones.

Distinciones municipales para siete policías locales

Siete policías locales de A Coruña serán galardonados este año por su labor profesional tras recibir ayer el Gobierno local el visto bueno del pleno a su propuesta. La oficial Lorena Ponte Saavedra y los policías Abelardo Lijó Fernández y Pedro Campos Martínez serán los primeros en recibir la medalla al mérito policial con distintivo rojo, destinada a premiar el cumplimiento profesional con carácter extraordinario. El oficial Jaime Prego Vázquez, y los policías María Carmen Iglesias Rasser, José Manuel Arias López e Iván Meijide Míguez recibirán la misma medalla pero con distintivo azul.

Suscríbete para seguir leyendo