El desbloqueo del futuro de los muelles, objetivo de la reunión de Rey y Rueda tras las elecciones

Cuando falta poco para que se cumplan tres años de la paralización de las conversaciones entre Xunta, Autoridad Portuaria y Concello sobre la integración de los muelles sin uso en el casco urbano de A Coruña, la reunión concertada para este viernes entre el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y la alcaldesa, Inés Rey, —primera tras las pasadas elecciones autonómicas— tiene como reto poner fin a ese bloqueo, que impide tomar decisiones en principio sobre la Batería y Calvo Sotelo y, más adelante, sobre San Diego y el puerto petrolero. Aunque ambos se reunieron en octubre de 2022, tras la primera toma de posesión de Rueda, entonces pasaron de puntillas sobre este asunto.

El puerto de A Coruña, una ciudad por construir

La negativa del Gobierno local a hacerse cargo del 75% del coste de la urbanización de los dos primeros muelles, ya que ese el mismo porcentaje que pretende aportar para que esos terrenos cambien de propiedad, fue el motivo por el que la negociación se interrumpió, ya que consideraba que no tenía que contribuir en la misma proporción. La Xunta, ya desde la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, había planteado hacerse con el 51% de la propiedad de los dos muelles, aunque tras exigir el Concello contar con una participación mayor, aceptó reducir su aportación al 20%, de forma que el Puerto se quedaría con un 5%.

El importe en el que se calculó la adquisición fue de 20 millones por lo que la administración municipal contribuiría con 15 millones, la autonómica con cuatro y la portuaria con uno. Xunta y Puerto expusieron que la Ley del Suelo de Galicia establece que los costes de urbanización de los terrenos se reparten en función del porcentaje de los mismos que tiene cada propietario, por lo que debía aportar el 75% de esos gastos, aunque este argumento no convenció al Concello.

El objetivo de esta iniciativa es proporcionar a la Autoridad Portuaria los fondos que precisa para pagar el préstamo contraído con Puertos del Estado para financiar la construcción de la dársena exterior, ya que la insuficiencia de sus ingresos actuales pone en peligro sus cuentas y también debe devolver el crédito otorgado por el Banco Europeo de Inversiones.

Desde el otoño de 2021 las negociaciones se detuvieron sin que por parte del Concello hubiera movimientos pese a las insistentes llamadas de la Autoridad Portuaria, el Gobierno autonómico y el grupo municipal del PP para que se retomaran. Hubo que esperar a noviembre de 2023 para que el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, anunciase al consejo de administración de la institución que se habían mantenido reuniones informarles con el Concello.

Desde entonces han proseguido los encuentros entre ambas partes en medio de un hermetismo total, por lo que se desconoce si la reunión de hoy entre Rey y Rueda es un mero intento de desbloqueo o si tratará de ratificar un principio de acuerdo que se haya alcanzado previamente entre Puerto y Concello. No hay que olvidar que el presidente de la Autoridad Portuaria es designado por el Gobierno gallego y que Fernández Prado fue concejal del PP hasta llegar a ese puesto, además de presidente local de esa formación, por lo que su papel en estas conversaciones sobrepasa con creces el de un mero representante institucional.

A lo largo de los últimos años la administración municipal y la portuaria han tenido además oportunidad de ensayar fórmulas de colaboración sobre el uso de los muelles, ya que ambas apostaron por que se desarrollasen en ellos conciertos multitudinarios, mientras que la segunda además abrió al público los de la Batería, Calvo Sotelo, y Trasatlánticos, autorizó la realización de exposiciones de la Fundación Marta Ortega y finalmente otorgó a esta institución una concesión en el primero de esos espacios por un periodo de seis años.

Al margen de que finalmente se alcance un acuerdo sobre el cambio de titularidad de la Batería y Calvo Sotelo, aún quedará pendiente el asunto más complejo: el futuro de la zona de San Diego. Los convenios de 2004 —que el Concello considera caducados y cuya vigencia defienden Puerto y Xunta— prevén que se destine a viviendas, pero nada se ha avanzado en los últimos años con el argumento de que esa área hasta 2027 no quedará liberada, aunque esa fecha está cada vez más cercana.

El PP local exige compromiso firme a Rey

El grupo municipal del PP apela al diálogo respecto al futuro de la fachada marítima, aunque mantiene sus reservas sobre la postura municipal en el debate sobre este asunto. El portavoz popular, Miguel Lorenzo, manifestó ayer que espera que la alcaldesa, Inés Rey, se comprometa a cumplir lo que avance tras la reunión del viernes con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. “Nos gustaría saber si la alcaldesa va a mantener o no la palabra del compromiso adquirido, porque ya demostró la vez anterior que no lo hizo”, dijo Lorenzo, en alusión al anuncio que Rey hizo en 2021 sobre la adquisición de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo por parte del Concello.

El Puerto, abierto a la comisión del borde litoral

El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, avanzó ayer que está dispuesto a asistir a la comisión especial municipal sobre la fachada marítíma, después de que el BNG, que la preside, propusiese que el dirigente portuario sea una de las personas o entidades que comparezcan en la comisión. “Saben los tres portavoces mi total disposición a participar en ese encuentro”, aseguró Fernández Prado, que añadió que las conversaciones entre las administraciones implicadas para resolver la ordenación portuaria van “con paso firme”. “Lo han dicho ya la Xunta y el Concello, creo que pronto podremos trasladar buenas noticias pronto”, comentó.

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