Los despedidos de Alu Ibérica cobrarán sus indemnizaciones “antes de fin de mes”

Los trabajadores despedidos de las instalaciones de la antigua Alcoa empezarán a cobrar las indemnizaciones que pactaron con la multinacional norteamericana “antes de fin de mes”. Y será así “a falta de trámites formales que se resolverán de manera inmediata”, según apuntan fuentes del proceso, porque la sentencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo fechada el pasado 3 de julio, de la que informó este periódico ayer, así lo permite. Y lo permite también porque las fuerzas sindicales que habían tenido representación en los comités de empresa de las fábricas de A Coruña y Avilés presentaron ayer un escrito por el que desisten de seguir la demanda por conflicto colectivo que habían promovido y que afectaba a los 205 trabajadores que tenían que quedar en activo en la empresa, se vendieran o no las plantas a partir de julio de 2019.

El acuerdo de Alcoa con sus extrabajadores señala, entre otras cuestiones, que es preciso que no existan reclamaciones colectivas contra la multinacional y, añade, que el cobro de establecerá 14 días después. La activación de la retirada del conflicto tarda cinco días, que se tienen que sumar a las dos semanas que se reservó la multinacional, o sea, son 20 días, los últimos que tienen que esperar los trabajadores despedidos (lo están desde junio de 2022, o sea, hace 13 meses) para ver su dinero.

El conflicto colectivo de los 205 es el que habían promovido los sindicatos CCOO, USO, UGT, CIG y la Confederación de Cuadros y Profesionales porque la multinacional anotó en el acuerdo de enero de 2019 la necesidad de mantener empleadas a las personas destinadas en las dos fundiciones —de A Coruña y Avilés— y de la torre de pasta de Agrela posteriormente a la resolución del cásting abierto por Alcoa para vender la empresa.

Esta circunstancia —mantenerse en activo— les había dejado fuera del acuerdo de enero de 2019 que habían tratado de impugnar los 17 extrabajadores de la planta coruñesa que habían buscado tumbar la negociación de sus excompañeros (de la primavera de 2022).

Los frentes judiciales —en la vía social— que tiene Alcoa abiertos ahora son demandas individuales que los extrabajadores habían presentado contra Alu Ibérica para defender sus derechos posteriores a cobrar, entre otras cosas, las remuneraciones por desempleo. Además, existe una serie de extrabajadores que habían pedido la cuenta antes de que se activase el expediente de disolución de los contratos, es decir, que no entraron en el acuerdo reactivado ahora por el Supremo. Estos extrabajadores han presentado demandas individuales por la vía social reclamando cada uno de ellos “daños y perjuicios” por las circunstancias que ellos habían vivido como consecuencia de la operación de compraventa de las fábricas.

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