La pesca en Argentina contiene de nuevo el aliento por la extinción de cupos de merluza

La pesquería de merluza fue germen de la extensa y fructífera relación entre Argentina y las armadoras de capital gallego. Aquellos primeros buques congeladores ejercieron de avanzadilla de las filiales y sociedades mixtas, con el desembarco posterior de inversiones, pesqueros y capital humano en uno de los principales caladeros del mundo. El recurso es preciado y heterogéneo —merluza hubbsi, de cola, austral o merluza negra— y de enorme demanda en el continente europeo, Estados Unidos o Brasil. Para su explotación, la Ley Federal de Pesca ha otorgado estabilidad a la industria en el último cuarto de siglo, pero ahora las armadoras enfrentan un escenario desconocido: el régimen de cuotas actual caduca el 31 de diciembre y nadie sabe con qué criterios trabajará el Gobierno de Javier Milei para fijar el nuevo sistema de asignación. El temor que sobrevuela sobre las empresas —como apunta uno de los mayores referentes en la pesca del país, Antonio Tony Solimeno— es que se apueste por algún tipo de subasta interna, dando entrada a actores extranjeros y sin tener en cuenta las inversiones realizadas o el empleo generado. “Lo tendremos que pelear”, incide el presidente de Grupo Solimeno. La previsión es que el futuro acuerdo despeje las reglas de juego a otros 15 años vista.

La pesca de langostino, por ejemplo, se denomina olímpica: se limitan los permisos para poder faenar —se utilizan buques tangoneros o fresqueros— pero no hay un tope de capturas. En la de merluza es muy distinto porque sí está cuotificada, de modo que se fijan unas capturas máximas permisibles (CMP) y es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) el que realiza la evaluación científica de los recursos. Unidades participadas por Grupo Iberconsa, Nueva Pescanova, Profand o Conarpesa (Wofco) faenan alguno de los tipos de merluzas en el caladero nacional argentino. “La cuestión ahora —constata otro directivo asentado en Mar del Plata— es el precedente de la Ley de Bases”, comúnmente conocida como Ómnibus, a través de la cual el Ejecutivo de Milei llegó a plantear a finales del año pasado una licitación internacional de cuotas y la pérdida radical del statu quo para toda la industria. La Ómnibus está paralizada, pero “no sabemos si van a utilizar algo de ella para las cuotas. Hay un gran revuelo”, apunta la misma fuente.

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