Más protagonismo a las diputaciones. La rebelión de los alcaldes pudo con la furia reformista de Hacienda, que tuvo que redactar hasta diez borradores de la reforma local. Cuatro años después de que el departamento que dirige Cristóbal Montoro diese marcha atrás al refuerzo de poder que se proponía dar a las corporaciones provinciales, el comité de expertos para la reforma de la financiación local apuesta por dejar en manos de las diputaciones las competencias de aquellos ayuntamientos que no presten servicios de calidad y de manera eficiente y además defiende darles potestad para "decidir y gestionar" los impuestos municipales en las corporaciones que les hayan cedido el mando.
El informe del grupo de sabios, integrado por cinco expertos del Gobierno y otros cinco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reivindica la continuidad de las diputaciones, a las que atribuye "un papel fundamental" en la estructura territorial del Estado. Es por ello, que la comisión propone que las instituciones provinciales tengan un "marco competencial claro y transparente" que pasa -según recoge el documento- por el "apoyo a municipios de menos de 20.000 habitantes", el 95% del total en España.
El comité de expertos se desmarca así del debate sobre la supresión de las diputaciones al presentar a estas instituciones como "una suerte de municipios de municipios". Y les otorgan la tarea de "asesorar" e "incluso ejercer directamente la gestión de servicios públicos" en municipios pequeños "incapaces por sí mismo de prestarlos bajo mínimas condiciones de eficiencia". Pero además, apuestan por que las diputaciones puedan "decidir y gestionar" los tributos locales. O lo que es lo mismo, que tengan la potestad para subir y recaudar impuestos en aquellos ayuntamientos sin capacidad para gestionar sus servicios de manera eficiente.Autonomía municipal
No obstante, el grupo de trabajo sobre la financiación local advierte de que se debe respetar la "autonomía municipal" y que, por tanto, esa cesión de competencias a las diputaciones requiere "inicialmente voluntariedad" por parte de las administraciones locales. Sobre la negativa de aquellas corporaciones locales insolventes a delegar servicios y competencias en las diputaciones, el informe no hace mención alguna.
La gestión de los servicios públicos de un ayuntamiento llevaría también a las corporaciones provinciales a asumir "responsabilidades en materia de ingresos públicos (tributos y transferencias)" de ese municipio. Ante esta situación, los expertos apuestan por que las diputaciones puedan fijar "un umbral mínimo de tributación" en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.
Umbral mínimo de población
Umbral mínimo de población
En su informe, el comité de expertos no alude a la supresión de ayuntamientos ni a al número de habitantes que deberían tener. Pero sí advierte de que el "funcionamiento institucional y administrativo óptimo" requeriría de "un umbral mínimo de población". En este sentido, Ejecutivo y FEMP apuestan por "incentivos" a la "intermunicipalidad", en alusión a la constitución de mancomunidades.
A la hora de diseñar el futuro sistema de financiación local, el equipo de trabajo recomienda diferencia entre tres tipos de municipios. En el caso de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, la comisión considera que su financiación debería recogerse en sus propias cartas de autonomía local. Junto a ello, el informe distingue entre municipios de más de 20.000 habitantes, con mayor autonomía, y el resto que serían los de menos población.
Tal y como se había propuesto Hacienda con reforma local, el comité de expertos urge la "imprescindible" clarificación del ámbito competencial de las entidades locales. Y para ello, proponen dos alternativas: establecer mecanismos de financiación condicionada mediante transferencias de la administración responsable o derivar hacia una financiación general incondicionada, es decir a través de la Participación en Ingresos de las Comunidades (PICAs).
