Las deudas contraídas con el fisco durante los años más duros de la crisis han provocado el embargo de miles de propiedades que salen a subasta a diario para que los contribuyentes salden sus impagos con las administraciones o los bancos. En la última década, las subastas celebradas en los juzgados gallegos rondan las 17.000, de las que 664 corresponden a 2018. Se trata de la cifra más baja desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ya no solo en la comunidad gallega sino también en el conjunto del país, y que supone en el caso de Galicia un desplome del 43,3% respecto al ejercicio anterior „la mayor caída de toda España„, según recoge el informe La Justicia dato a dato, recién publicado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Esta tendencia a la baja es un claro síntoma de la mejora de la situación económica que ha posibilitado a familias, autónomos y pequeñas empresas a poner al día sus facturas pendientes y evitar el embargo de sus bienes. El importe de los inmuebles adjudicados en subasta en 2018 en la comunidad supera los 57 millones.

La gráfica de los últimos cinco años „con un balance de más de 7.200 subastas en la comunidad„ muestra una línea en caída libre, pasando de los más de 2.200 bienes llevados a proceso judicial en 2014 „año con récord de pujas en los tribunales gallegos„ a los 664 de 2018. Este fue el único ejercicio que se cerró por debajo de las mil subastas judiciales en la comunidad.

La tendencia se repite en el conjunto del país, con más de 215.000 subastas en el último lustro, de las que apenas 24.000 fueron convocadas en 2018. En el caso de Galicia, las ofertas de embargos cayeron un 43,3% respecto al ejercicio anterior; mientras que en España el descenso fue del 23,10%.

Este balance convierte a la comunidad gallega en el territorio donde más disminuyeron las subastas judiciales, seguida de cerca por Baleares (-43%), junto con Navarra (casi -37%), Cantabria (-33,5%) y Castilla y León (-31,6%). Las excepciones en el mapa autonómico de las subastas judiciales fueron Murcia (1.696) y País Vasco (510), los dos únicos territorios donde aumentaron; un 37,4% y un 25,3%, respectivamente.

En cifras absolutas, Andalucía lidera el ranking de subastas judiciales convocadas en 2018 (5.642). Le siguen en la tabla Cataluña (3.872) y Comunidad Valenciana (3.641). En el extremo opuesto de la lista de bienes embargados por los tribunales están Cantabria (200), Navarra (203), Asturias (358) y Baleares (451), las cuatro únicas comunidades con menos de 500 subastas celebradas el año pasado.

Los pisos son los inmuebles que despiertan un mayor interés entre los postores ya que pueden adquirirlos entre un 20% y un 40% por debajo del precio del mercado. Debido al encarecimiento del sector inmobiliario y las rebajas que suponen los procedimientos judiciales, durante los últimos años ha crecido el interés de particulares y pequeños inversores en las subastas de pisos. La reforma en el sistema de pujas en 2015, al pasar del modelo presencial a la puja electrónica, supuso un revulsivo ya que a golpe de un solo clic desde el ordenador uno puede convertirse en el mejor postor y hacerse con el inmueble subastado.

Aunque en teoría la propiedad embargada se subasta siempre por un precio justo y ajustado a su valor real, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que, si no se presenta ningún otro postor y el banco lo solicita, el "remate de la puja" (es decir, el trámite con el que el juez da por resuelta la subasta) se pueda fijar en el 50% de la tasación e incluso por debajo si la cantidad ofertada cubre todas las cuotas pendientes. En la práctica esto permite, por ejemplo, que un piso valorado por un perito judicial en 120.000 euros y tasado en su día por el banco en 150.000 euros, sea vendido vía subasta por 60.000 euros o menos.