La Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) se creó en octubre de 2012, pero no fue hasta enero de 2013 cuando comenzó sus actividades. Desde entonces, ha abierto un total de 3.372 expedientes de sanción contra particulares y empresas que no pagaron sus impuestos. A todos ellos se les reclamó por la vía ejecutiva, una vez que incumplieron con su obligación de liquidar los tributos en el plazo voluntario, la cantidad de 211,9 millones. Lo que supone una media de 62.000 euros por cada expediente. La puesta en marcha de la Atriga hace ocho años provocó una profunda remodelación del área de inspección en la comunidad que pasó de estar descentralizada a centralizarse en el Área de Inspección Tributaria. Esta medida produjo un cambio en el sistema de trabajo y por tanto de los objetivos, que se completó con la introducción de un nuevo sistema informático del plan de inspección.
Todos los años, inspectores del Ministerio de Hacienda visitan Galicia para "evaluar el modo y la eficacia en el desarrollo de las diversas competencias asumidas" sobre los impuestos -cedidos por el Estado- de patrimonio (IP), sucesiones y donaciones (ISD), transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (Itpajd) y sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
El informe de la Inspección General del Ministerio de Hacienda de 2019 destaca que el número de actas instruidas en la comunidad durante 2019 ascendió a 528, por un importe de 18,1 millones. En 2018 habían sido incoadas 580 por un monto total de 76,1 millones, lo que supone una caída del 9% en el número y una disminución del 76,2% en la cuota tributaria. Los inspectores señalan que "el descenso en el importe ha sido debido a que en 2018 hubo resultados extraordinarios en las actuaciones de inspección en A Coruña por 59,1 millones, mientras que en 2019 no hubo estos resultados". El importe medio alcanzado por el total de las actas instruidas en 2019 se situó en 34.000 euros, lo que supone una disminución del 74% respecto a los 131.000 del año anterior.
El impuesto de sucesiones y donaciones supuso el 36% del total de las actas durante el pasado año en Galicia y el 72,3% del importe. Por su parte, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados alcanzó el 40,3% de las actas, pero solo el 12,2% en importe, mientras que el de patrimonio logró el 23,7% en número y el 15,6% en importe.
El informe que realiza Hacienda sobre la labor de la Atriga no solo se centra en la parte recaudadora y sancionara de la agencia gallega. Mide otros parámetros como la calidad de los servicios que ofrece a los ciudadanos. Así, señala que en el último año "se han producido algunos avances" en este apartado "al iniciar la elaboración de encuestas de satisfacción, pero la Atriga continúa sin disponer de carta de servicios". Los inspectores destacan que se ha reducido "sustancialmente" el número de quejas presentadas (57 en 2018 por 22 en 2019).
