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La Fiscalía entiende como “insultantes” para las víctimas las condenas a los delincuentes viarios

La fiscal de Seguridad Vial apunta que para que el ingreso en prisión por un siniestro mortal se haga efectivo debe haber alevosía, concurrir otro delito o que haya antecedentes penales

El joven fallecido en 2020 tras ser arrollado por un turismo que invadió el carril por el que circulaba con su moto en Dumbría. |

Solo el 2% de los condenados por delitos de tráfico en las carreteras gallegas acaba en prisión. De los más de 64.000 delincuentes viarios llevados a juicio en la última década en Galicia, apenas 1.400 han ingresado en la cárcel. La práctica totalidad de los conductores que acaban entre rejas, aun habiendo un fallecido como consecuencia del siniestro, son o bien multirreincidentes —con varios delitos en su historial por alcoholemia, circular bajo los efectos de otras drogas o velocidad excesiva—, o tienen antecedentes por otros delitos ajenos a la seguridad vial o han actuado con alevosía. Las condenas por homicidio imprudente suelen ser de uno o dos años de prisión (el máximo previsto por ley es de cuatro años), con lo que, salvo casos de reincidencia o con antecedentes, el responsable finalmente solo se verá privado del permiso de conducir durante el tiempo impuesto por el juez (de uno a seis años). La fiscal delegada de Seguridad Vial en Galicia, Paula Grau, reconoce que para las víctimas estas condenas resulten “insultantes” y una “afrenta”. “Nada puede redimir la muerte de un hijo, un padre o una madre en la carretera; la ley está cambiando para que las infracciones al volante tengan unas consecuencias”, apunta Grau.

Tras la reciente sentencia a dos años de cárcel para un conductor que en agosto de 2020 arrolló a un joven tras invadir el carril en el que circulaba con su moto, la familia de Josep Boan, afincada en Barcelona y de origen gallego, anunció que recurriría el fallo. “Sale más barato matar en carretera que quemar unos contenedores”, denunciaba a este periódico la madre, Pilar Rosanes Gutiérrez, tras conocer el fallo en el que atribuye el siniestro a la velocidad excesiva del conductor del Peugeot, Asier G.S., natural de O Pino y afincado en Pontevedra. Circulaba a al menos 116 kilómetros por hora en una curva limitada a 70 km/h —para que fuera velocidad penal y, en consecuencia, delito doloso y no una imprudencia tendría que circular 80 km/h por encima del límite—, la vía (AC-442, a su paso por Dumbría) era de doble sentido, con dos carriles separados por línea continua, estaba seca, limpia y en buen estado de conservación, la visibilidad era buena y sin condiciones atmosféricas desfavorables. Así lo recoge el informe de la Guardia Civil de Tráfico y que, junto con las declaraciones de los testigos (los dos acompañantes del conductor y el padre del joven fallecido, que circulaba en su moto detrás de Josep Boan) llevaron a la juez a dictar este mes una condena por homicidio imprudente grave a dos años de prisión, que al carecer de antecedentes y no superar los dos años no tendrá que ingresar, y la retirada del carné por tres años y medio.

Desde Stop Accidentes, su delegada en Galicia, Jeanne Picard, advertía en declaraciones a este diario tras conocer la sentencia, en la línea de la mayoría de las dictadas en los delitos de tráfico con resultado de muerte, de la “laxitud de los jueces” con los delincuentes viarios y les apremiaba a aplicar “con rigor” la ley. “Creemos en la Justicia, pero no nos protege y es muy garantista con el delincuente en carretera”, insiste Picard.

“Entiendo que para las familias les parezca insultante, una afrenta, pero si no es un delito doloso, no ha cometido un acto deliberadamente, las penas para un homicidio imprudente van de uno a cuatro años de prisión. Para todo tipo de delitos, no solo para delincuencia viaria. Para aplicar la pena en la mitad superior, tendría que haber algún agravante, haber concurrido otro delito de alcoholemia, velocidad o conducción temeraria”, detalla la fiscal de Seguridad Vial en Galicia, al tiempo que aclara que sobre el caso concreto de Dumbría no puede emitir una opinión fundada porque no lo conoce más allá de lo leído en prensa.

“Me da rabia que haya esa sensación de desprotección y resulta frustrante esta distancia con las víctimas”, lamenta Grau, quien hace un llamamiento a los familiares y a las víctimas a contactar con la Fiscalía porque el principal objetivo que se propuso nada más asumir el cargo en mayo de este año es “lograr que las víctimas se sientan amparadas pese a que las penas a los perjudicados siempre les van a parecer insuficientes porque su dolor es inmenso”.

Pilar Rosanes lamenta que en el juicio celebrado el pasado mes de octubre en A Coruña por la muerte de su hijo, el conductor que se llevó por delante la vida de Josep, con tan solo 20 años, no pidiese perdón ni mostrase arrepentimiento alguno. Desde Fiscalía, Paula Grau advierte de que este no es el comportamiento que suele darse entre los conductores implicados en un siniestro mortal. “Suelen quedarse en estado de shock por lo ocurrido, ahora bien, todos siguen creyendo que lo que pasó fue un accidente, no asumen su responsabilidad”, lamenta la fiscal de Seguridad Vial.

De los conductores gallegos en prisión, apenas el 4% están por homicidio al volante

Uno de cada diez conductores en prisión en España cumple condena en Galicia. El primer estudio realizado por el Ministerio del Interior y la DGT sobre la incidencia de la seguridad vial en el ámbito penal, del año 2020, cifraba entonces el número de condenados por delitos viarios en todo el país en casi 1,200 automovilistas. De ellos, 133 gallegos, (11%), pero en el conjunto del país solo 26 habían sido condenadas por homicidio con vehículo de motor (5 en la comunidad gallega). Un dato que en Galicia apenas representa el 4% de las sentencias a cárcel dictadas.

Aunque no se puede hacer una comparativa ya que no hay estudios previos, autoridades de Tráfico apuntan a una tendencia al alza de los ingresos en prisión durante los últimos años en Galicia, una comunidad que se movía en una horquilla de entre 100-110 conductores cumpliendo condena entre rejas. Un hecho que se debe, detallan, a la multirreincidencia de los infractores. Además de las 1.159 personas entonces condenadas en España por delitos viarios como delito principal, en prisión había casi 3.400 reclusos por diferentes infracciones penales, entre ellas contra el tráfico, aunque esta no es la principal. En total, eran más de 4.500 automovilistas en prisión.

En el mapa de la DGT y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias están marcadas en rojo las provincias de A Coruña y Pontevedra, que son la cuarta y quinta, respectivamente en el ranking nacional, con Madrid a la cabeza, seguida de Málaga y Sevilla, según recoge el citado informe Seguridad Vial y su incidencia en el ámbito penal. En el caso de A Coruña, sumaba 57 condenados, en prisión, dos de ellos por homicidio con vehículo de motor, y Pontevedra, 55, dos también por homicidio, lo que supone el 5,4% y 5,2% de toda España.

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