El Gobierno atribuye su silencio sobre la prórroga de la concesión de la AP-9 a Audasa a un “interés público”

El estado de la concesión de la autopista AP-9, asignada a Audasa hasta 2048, es un tema recurrente en las Cortes. No solo por las salvaguardas que se ha garantizado la compañía para mantener su volumen de ingresos, sino por el procedimiento de infracción abierto contra España por haber prorrogado esa relación concesional hasta mediados de siglo sin haber iniciado un nuevo concurso. Pese a las quejas de formaciones políticas —las han manifestado los populares o los nacionalistas gallegos—, el Gobierno no ha soltado prenda de las “consideraciones” presentadas ante Bruselas para defender que esa prórroga no es contraria al derecho comunitario. Un silencio que va a permanecer inalterable, como ha constatado el Ejecutivo al Congreso. Se ampara en el capítulo de excepciones de un reglamento europeo para mantenerlo.

“Por lo que se refiere a la carta de emplazamiento y al escrito de alegaciones, se indica que son documentos integrantes de los procedimientos de infracción y están sujetos a los términos de confidencialidad” que, expone el Ejecutivo, están previstos en el Reglamento 1049/2001 del Parlamento Europeo, relativo al acceso al público a documentos del Consejo. Se ampara en su artículo 4, que hace referencia al derecho de confidencialidad por tratarse de asuntos de “interés público”, al considerar que su divulgación sería perjudicial. Es una postura reprobada ahora por escrito por el diputado Néstor Rego (BNG), a través de una pregunta remitida al Gobierno, y que también ha condenado el portavoz de la asociación de usuarios En Colectivo, Diego Maraña. “Es increíble que las alegaciones sean un secreto de Estado. Es una losa que nos va a afectar a los gallegos hasta el año 2048, y aun así no actúa con transparencia”.

En caso de que Bruselas determinase que hay que revertir la ampliación de la concesión, Audasa reclamaría una indemnización astronómica, como sostiene en sus informes financieros. “Implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho de la compañía a ser debidamente indemnizada”, y por un importe que “sería significativamente superior al importe actual de su deuda”, que supera los 1.000 millones de euros. En todo caso, el Gobierno de momento mantiene que Bruselas no ha declarado ilegal la prórroga “a fecha actual”, por lo que “tanto la Administración como la sociedad concesionaria está legalmente obligados al cumplimiento del contrato concesional”.