La reforma de la plusvalía lastra las arcas municipales: la recaudación se hunde un 60%

Miles de contribuyentes dieron la batalla en los tribunales durante estos últimos cinco años para lograr la devolución de un impuesto que no ha hecho más que darles quebraderos de cabeza tras vender un inmueble (piso, garaje, local comercial...) o convertirse en herederos sin obtener ganancia alguna. La conocida como plusvalía municipal, un tributo de carácter voluntario que en España aplican casi 3.700 ayuntamientos —en Galicia son 115—, grava las operaciones que se realizan en suelo urbano y que hasta la reforma que se vio obligada a acometer el Ministerio de Hacienda por los sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional que tumban los cobros en operaciones a pérdidas generaba año tras año récord de ingresos en las arcas municipales.

Los nuevos criterios establecidos a finales de 2021 para realizar el cálculo, el vacío normativo que dejó la reforma durante dos semanas —quienes vendieron o heredaron un inmueble entre el 26 de octubre de ese año (desde que el Constitucional anuló el impuesto para los casos de minusvalías) y el 9 de noviembre (hasta que el Gobierno central aprobó los cambios)— y las devoluciones por liquidaciones mal calculadas a las que tuvieron que hacer frente los ayuntamientos desplomaron la recaudación el año pasado. De los 47,6 millones que ingresaron los concellos gallegos en 2021 por el cobro del impuesto de plusvalía, se pasó a apenas 18,5 millones el año pasado, según datos de las liquidaciones presupuestarias publicados por el Ministerio de Hacienda. Este balance se traduce en un desplome en los ingresos del 60%: 29,1 millones menos, una cantidad que supone más del doble del presupuesto que manejan municipios como Betanzos o Nigrán. Los ayuntamientos gallegos soportan una caída en sus ingresos por este tributo cinco puntos por encima de la experimentada en el conjunto nacional (-55%): de 2.450 millones se pasó a 1.100 millones el año pasado.

Esta aminoración de los ingresos, según apuntan desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) tras analizar el impacto de la reforma del impuesto en los ingresos municipales, se mantendrá también a lo largo de este 2023. Aunque finalmente el impacto no será tanto como el previsto en un primer momento ya que el Tribunal Supremo acaba de excluir del reintegro de las cuotas ya abonadas a todos los contribuyentes que no hayan recurrido antes del fallo del Constitucional. Es decir, el Alto Tribunal, en una sentencia dada a conocer este viernes, salva a los ayuntamientos de devoluciones millonarias al cerrar la puerta a los litigantes que llevaran a los juzgados sus liquidaciones mal calculadas después de que el Constitucional emitiese el fallo de nulidad, el 26 de octubre de 2021.

Dentro del paquete de 100 medidas aprobadas en abril de 2017 por la Fegamp, la comisión ejecutiva del órgano de poder local en Galicia ya advertía que “el problema que había que resolver en relación a este impuesto era el hecho que por su sistema de cálculo, resulten siempre plusvalías, a pesar de que, por el impacto de la crisis, la realidad de numerosas transacciones sea la generación de minusvalías”. “La falta de modificaciones normativas está siendo la jurisprudencia la que está buscando soluciones a este problema”, concluía la Fegamp. Por ello, ya hace más de seis años, alertaba de la “urgencia” de una revisión del modelo que definiese la base imponible “atendiendo a las efectivas plusvalías”, al tiempo que reclamaba al Gobierno central que compensase a los ayuntamientos por la pérdida derivada de la avalancha de recursos de los contribuyentes que reclamaron los reintegros.

Tras las sucesivas sentencias del Constitucional, finalmente el Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2021 el nuevo impuesto de plusvalía. Desde entonces, hay dos opciones para determinar la cuota tributaria que el contribuyente puede elegir para aplicar la más beneficiosa. Pueden optar por hallar el importe por el resultado obtenido de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tienen en cuenta la realidad inmobiliaria. O bien, pueden decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y la adquisición.

Con la nueva baremación, los ayuntamientos calcularon que la recaudación por este tributo caería un 20%, pero finalmente el desplome sido superior (60%). Al menos en el primer año de la aplicación de la reforma y la llegada de sentencias que imponen la devolución de las cuotas mal calculadas.

La mayor merma de ingresos en la recaudación que les dejaba este impuesto lo acusan los concellos de más de 50.000 habitantes (las ciudades y villas), que afrontaron una merma del 70,7%, al pasar de 29,72 millones en 2021 a 8,67. Son las urbes y ayuntamientos grandes los que concentran el 72% de la caída experimentada en el conjunto de la comunidad gallega.

En el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes, el descenso en la recaudación de la plusvalía fue del 57,4% (355.000 euros menos en su conjunto), en los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 vecinos, alcanzó el 49,7% (3,4 millones menos) y, finalmente, en los de entre 5.000 y 20.000, fue del 47,6% (4,9 millones menos).

Los concellos reclaman una compensación por el desplome de ingresos

De “justas y oportunas” califica el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, las modificaciones en el impuesto de plusvalía. Pero al mismo tiempo advierte de las consecuencias que ha tenido y tendrá para las arcas de los concellos. “Tanto por la devolución de ingresos indebidos, como por la consolidación de una caída de los ingresos producida por el nuevo sistema de cálculo”, argumenta Varela. Por ello, advierte de que es “necesario” que se tomen medidas para compensar económicamente a los ayuntamientos, tal y como ya había acordado en su día por unanimidad la asamblea general de la Fegamp.

En los presupuestos de 2023, el Gobierno actualizó los coeficientes de la plusvalía para operaciones de venta de inmuebles, que incluye un incremento para aquellos que se han tenido en propiedad menos de dos años. Esta primera actualización de los coeficientes a aplicar en el impuesto de plusvalía municipal aplica los mayores gravámenes sobre las viviendas adquiridas después de la crisis financiera de 2008, con subidas lineales de entre un 10% y un 50% en algunos casos. Por ejemplo, si el inmueble ha sido adquirido entre los años 2012 y 2015, el coeficiente puede elevar su importe hasta un 50%, con grandes diferencias si el contrato de compraventa se hizo en 2022 o se dejó para este año.

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