El exalcalde de Cee y cuatro de sus ediles, absueltos de un delito de prevaricación

El exalcalde de Cee Ramón Vigo y cuatro concejales quedaron ayer absueltos por la adjudicación de una obra mediante un procedimiento directo —a dedo—, a pesar de la postura negativa de los servicios municipales, para no perder una subvención por una cuestión de plazos y tras haberse asesorado con una familiar abogada. La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogió este jueves el proceso contra Vigo y cuatro de sus concejales salidos de las elecciones locales de 2015 por un supuesto delito de prevaricación administrativa, por el que la Fiscalía pedía 12 años de inhabilitación. Al término de la sesión, la sala ha dictado sentencia oral en la que anunció la absolución de los cinco procesados.

Vigo declaró que cuando llegó a la Alcaldía en 2015 —ya la había tenido entre 2007 y 2012 —le dijo un funcionario “que hay cuatro obras que quedaron desiertas” y “urge licitarlas porque están pendientes de una subvención de la Diputación”. Las actuaciones vienen del Gobierno local anterior, que las había iniciado con procedimiento negociado sin publicidad, pero cambió una de ellas —en la calle Rosalía de Castro— a procedimiento abierto ante la falta de empresas que se quisieran hacer cargo, una decisión que revocó la Junta de Gobierno local de Ramón Vigo para “invitar a más empresas” y adjudicar la actuación de forma directa.

A esto se opusieron los servicios municipales, pero el regidor consultó “con una abogada que es familiar” y le dijo que no veía “problema a que se haga así “. “Soy médico, no soy jurista no tengo conocimientos de derecho administrativo como para eso”, argumentó Vigo, que añadió que era una obra “muy importante” con “beneficio para el pueblo”, por lo que consideraba clave no perder la subvención.

Junto a él, se sentaron en el banquillo cuatro ediles que alegaron no tener conocimientos jurídicos y haber confiado en el alcalde.

Pilar Iglesias declaró que era “conocedora de los informes desfavorables” y Carmela Díaz dijo que votó “a favor porque es una buena obra para el pueblo, por el interés público” en un momento en que “era novata” en el ámbito municipal.

Yolanda García argumentó que tenía confianza “plena” en el entonces alcalde y este le había dicho “que no tenía ningún problema jurídico, que era bueno para el pueblo, que se había asesorado” y que no habría problemas posteriores. También apuntó a que todas las votaciones pasaban por la “voluntad” del alcalde, que actuaba como “líder” del grupo; Juan Bautista Ares no ha declarado.

Un asesor jurídico de la Diputación de A Coruña avaló la actuación municipal que fue “una decisión política”, si bien en su informe previo no entró en el fondo de la cuestión, e incidió en que “se le echaban encima los plazos”, informa Efe.

Tras conocer la sentencia, Vigo celebró la absolución: “Es un paso de liberación. Después de 20 causas judiciales, todas resueltas con absolución o con el archivo creo que soy el político más perseguido de A Costa da Morte”.