El BNG pide una auditoría externa sobre la compra de mascarillas en pandemia

El escándalo generado por la presunta trama de corrupción vinculada a la venta de mascarillas a varias administraciones que implica a un exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez ha avivado la atención por las adquisiciones de material en 2020, cuando la pandemia de COVID-19 causó un terremoto sanitario, económico, político y social. El BNG quiere que la Xunta contrate una auditoría externa sobre esas adquisiciones, una reclamación ya planteada hace dos años y que el Ejecutivo autonómico del PP ya tumbó. El presidente en funciones, Alfonso Rueda, ya avisó ayer de que no cederán a esa investigación porque el Consello de Contas ya analizó los expedientes y no hay “nada que ocultar”.

El diputado electo del BNG Luís Bará anunció ayer el registro de iniciativas en el Parlamento cuando este se constituya para solicitar esa auditoría externa sobre los contratos de emergencia firmados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para sus hospitales y centros de salud, ya que considera que existen “sombras y dudas” en los procesos de compra de mascarillas y otro material, según informa Efe.

En una conferencia de prensa, Bará desgranó varias de las “actuaciones no precisamente garantistas” llevadas a cabo por la Xunta mediante contratos urgentes rubricados con “falta transparencia”, lo que “dificulta una buena fiscalización y conocimiento de los datos hechos”, algo que incluso afeó el Consello de Contas, que denunció, además, el “abuso” de los contratos menores por parte del Ejecutivo autonómico.

Con todo, Bará puso el foco en lo “alarmante y preocupante” de los contratos firmado por el Sergas con la empresa Sibucu 360 entre marzo y julio de 2020 por valor supuestamente de un 1,9 millones de euros.

Según el diputado del BNG, “la información remitida al Parlamento no coincide con el desglose” de la Xunta en cuanto al tipo de mascarillas, cantidades e importes. En un informe figuran 1.945.000 euros y en otro 2.364.700.

El nacionalista recordó que esta compañía no tiene relación con el sector sanitario y que está vinculada a Moonoff, una firma de iluminación, y con el empresario José Ramón García, exCEO de Blusens, inhabilitado en su momento por fraude.

Además, cuestionó el crecimiento de esa empresa, ya que en el año 2019 contaba solo con cuatro trabajadores y 765.000 euros de facturación, pero tras la pandemia la aumentó a más de 31 millones de euros.

Por ello, el dirigente nacionalista reclama “luz y taquígrafos” para poner fin a la “opacidad y oscurantismo” también desde el punto de vista político porque “la falta de información y la ocultación es la norma de funcionamiento de la Xunta”.

En su opinión, si la Xunta “actuó correctamente”, no debería “tener problema” en facilitar toda la información requerida sobre esas compras y en abrir una investigación independiente.

El Ejecutivo, sin embargo, rechaza esa auditoría, dando el segundo portazo a la investigación solicitada por la oposición en dos años. El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, alegó que “todas las comunidades hicieron compras y las de la Xunta fueron auditadas por el Consello de Contas, por lo que no hay nada que ocultar”.

Además, vinculó la petición con un intento de “desviar la atención” del caso Koldo. “Abrir una causa general sobre esto es simplemente seguirle el juego a los que no quieren que se hable de lo que se va sabiendo”, añadió sobre la trama que afecta al PSOE.