La demolición de obras ilegales ordenada por la Xunta vuelve a los niveles más altos: 150 en 2023

Desde su puesta en servicio en el año 2008, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) —impulsada por el bipartito y dependiente de Xunta— combate a golpe de expedientes, multas y excavadoras las obras ilegales. En sus dieciséis años de actividad ha obligado a 1.803 propietarios a reponer la legalidad urbanística y corregir las indisciplinas contra el ordenamiento. En el último ejercicio completo, en 2023, las demoliciones ordenadas por la APLU han vuelto a los niveles de actividad más altos, pues se derribaron 150 construcciones, una cifra que se sitúa entre los cinco años con mayor movimiento.

Los dueños de estas edificaciones ilegales, ya fueran viviendas, locales comerciales o naves levantados en suelo rústico o zona de costa no edificable, así como galpones convertidos en residencias de fines de semana, chiringuitos o garajes han visto reducir a escombros sus propiedades. Bien de manera voluntaria, una vez llega el primer apercibimiento de la Administración autonómica, o una vez la justicia dicta sentencia y avala la orden de derribo de la APLU. Entonces los propietarios deben devolver el terreno a la situación original en un proceso que la Xunta se encarga de registrar mediante fotografías como la que ilustra esta información.

La provincia más “castigada” por el derribo de construcciones ilegales es la de Pontevedra, con 81 el pasado año. El resto se encuentra a mucha distancia, con 34 demoliciones en A Coruña por 28 de Lugo y solo 7 en Ourense.

Cuando arrancó la APLU su actividad solo se ejecutaron cinco órdenes de reposición de legalidad urbanística. Y el balance del año pasado se cerró con 150, que son 30 veces más que cuando se puso en marcha la agencia, y un 9% más que las obras ilegales derribadas el ejercicio anterior (137), pero esta cifra se queda por debajo de las edificaciones reducidas a escombros en 2015, 2016, 2017 y 2018, con 154, 182, 205 y 2010 demoliciones, respectivamente.

Durante décadas el control del urbanismo fue muy laxo, con una política local poco dada al enfrentamiento directo con los vecinos y a la aplicación del ti vai facendo que dejó una Galicia llena de galpones convertidos en casas de fin de semana, chalés y viviendas unifamiliares levantadas en áreas no urbanizables, así como naves industriales, tanatorios e incluso complejos hoteleros que se saltaron la normativa, confiando en un futura regularización o en que la obra pasara inadvertida. Pero para evitar precisamente eso, se creó la APLU, de forma que los concellos delegan en la Xunta el farragoso proceso que supone gestionar un expediente sancionador en materia de urbanismo.

De hecho, un gran número de procedimientos acaban en los juzgados por la resistencia de los dueños a derribar sus propiedades. Solo unos pocos acaban con sentencias favorables. El pasado año la Asesoría Xurídica de la Xunta remitió al fiscal 38 expedientes de los casos más graves por considerarlos delitos contra la ordenación del territorio y otros 367 se resolvieron en los juzgados. De todos ellos, el 90% terminan con sentencia favorable a la APLU.

Si el propietario afectado ejecuta la demolición dentro del plazo inicialmente establecido se aplica una bonificación del 80% en la sanción. De lo contrario, la ley obliga a la Administración a imponer una serie de multas coercitivas para forzar al infractor a cumplir el derribo y si las sanciones tampoco surten efecto, es en última instancia cuando interviene la Administración —la autonómica en suelo no urbano y los concellos en el resto— para ejecutar la demolición de forma subsidiaria.

Desde que se creó en 2008, la agencia de urbanismo autonómico interpuso más de 6.000 multas coercitivas, de las que 393 corresponden a 2023, por las que se recaudaron 1,2 millones de euros.

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