La Justicia dirime si Galicia puede limitar el plazo para actuar en obras ilegales de la costa

El pleno del Tribunal Constitucional aborda este martes 7 de mayo el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos para 2023 en la que limita a 15 años el plazo para actuar contra edificaciones construidas ilegalmente en la costa.

La norma impulsada por la Xunta, en su artículo 10.2, abriría la puerta a que puedan regularizarse numerosas edificaciones por todo el litoral gallego. Este cambio legal introducido por la Xunta reduce el periodo establecido en la Ley de Costas del Estado, por lo que el Gobierno considera que podrían estar invadiéndose competencias estatales.

Tanto Moncloa como el Ejecutivo gallego estuvieron negociando sus discrepancias en torno a esta ley en la comisión bilateral de cooperación, pero no llegaron a un acuerdo. De ahí que el Consejo de Ministros acordara a finales del pasado año interponer un recurso de inconstitucionalidad.

Pero no fue el único. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra también planteó al Constitucional una cuestión para determinar si la norma de la Xunta es constitucional.

A raíz de un pleito sobre una edificación en A Illa, el magistrado recuerda que el artículo 95 de la Ley de Costas de 1988 decidió no someter a límite temporal la potestad administrativa para exigir la obligación de reparar el daño causado en zona de servidumbre de protección de Costas. “No cabe duda de que las comunidades carecen de competencia legislativa para innovar a la baja el régimen estatal de protección”, apunta el juez. La Xunta, sin embargo, ha justificado imponer este límite de 15 años para actuar ante ilegalidades en la costa para dar seguridad jurídica y “aclarar los plazos”.

El Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno y suspendió temporalmente el artículo de la ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos de 2023 referente a este límite para actuar ante obras ilegales ya que “podría producirse la consolidación de situaciones jurídicas irreversibles o difícilmente reversibles que causarían perjuicios a los valores naturales y paisajísticos de la costa gallega”.

Éste sería el segundo conflicto entre Xunta y Gobierno por el litoral. El Ejecutivo central también recurrió la ley por la que Galicia se arroga las competencias en materia costera, pero el TC terminó dando la razón al Ejecutivo gallego.