Contas reprocha a la Xunta que “sobredimensione” sus inversiones con 112 millones de gasto corriente

El Consello de Contas recrimina a la Xunta que el 35% de los fondos que computa como inversiones son en realidad gasto corriente. El órgano fiscalizador advierte al Ejecutivo gallego que partidas para la prevención y defensa contra incendios, gastos de publicidad en medios de comunicación o el seguimiento y gestión del Plan de Transporte Público “no se pueden considerar inversiones”. “Se imputaron incorrectamente operaciones que no tienen la consideración de gastos de capital, lo que contribuye a proporcionar una imagen sobredimensionada del esfuerzo inversor de la Administración”, señala en su informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma correspondiente al año 2022.

En este ejercicio las inversiones reales fueron 318,5 millones de euros, lo que supone una minoración del 7% respecto al año anterior. Y se ejecutaron el 75% de estas partidas.

Sin embargo, advierte que el 35 por ciento de estas inversiones, es decir, unos 112 millones de euros, son en realidad “gastos de carácter inmaterial” por la obtención de servicios. Como ejemplo cita los 2,16 millones del contrato de seguimiento y gestión del Plan de Transporte Público de Galicia y el contrato de gestión telefónica del transporte bajo demanda que “no se pueden considerar inversiones”. Y advierte que no es la primera vez que ocurre y que ya se le ha advertido en anteriores ocasiones para que rectifique.

Antes de llegar al Consello de Contas los expedientes de gasto pasan por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el órgano encargado del control interno de la gestión económica y financiera de la Xunta.

Pues bien, según los datos remitidos a Contas por los interventores autonómicos, durante el año 2022 se revisaron 241.700 expedientes de gasto y se formularon un total de 6.002 reparos, lo cual supone un 169 por ciento más que el año anterior.

Un reparo se produce cuando el interventor aprecia algún tipo de incumplimiento legal. Si es muy grave se paraliza el expediente. Según los datos difundidos por Contas, esto ocurrió en un total de 455 casos, un 18,5 por ciento más que en el ejercicio anterior.

Si los defectos son de menor entidad solo hace la advertencia pero no se suspende el proceso. Los reparos no suspensivos ascendieron a 5.547, el doble que en 2021. El propio órgano fiscalizador destaca “este incremento significativo”. Según explica Contas, los reparos más habituales son por falta de documentación sobre los adjudicatarios, o la falta de informes preceptivos exigibles para la firma de convenios. También son comunes las incorrecciones en los importes de documentos contables, errores en la modalidad de financiación o proponer abonar servicios sin contrato previo. En todo caso, la Intervención General de la Comunidad Autónoma solo informa del número de reparos pero no de su contenido.

Es por eso, que el Consello de Contas recomienda a la Xunta que “identifique los reparos formulados, las observaciones e incidencias puestas de manifiesto por los interventores”. Aunque el Gobierno gallego aceptó esta solicitud todavía no la ha aplicado.

El informe de Contas censura una vez más que se desplacen gastos de un anualidad a otra y cuestiona también las excesivas modificaciones de crédito presupuestarias, que en 2022 ascendieron a 1.000 millones de euros. Es decir, se alteraron los presupuestos iniciales por esa cuantía. Y en concreto, 675 millones de euros fueron para aumentar el gasto. Esta ampliación de crédito fue además un 43 por ciento superior al año anterior.

“Son cuantías importantes para las mismas partidas de gastos que se reiteran año tras año, y que, por lo tanto, tienen difícil la calificación de imprevisibles”, cuestiona el órgano fiscalizador.

Uno de los datos que arroja el informe es que a cierre de 2022 la deuda de Galicia se situaba en 11.977 millones, de los que 11.603 millones se corresponden a la administración general. El resto de la deuda, en concreto 331 millones, procede fundamentalmente del préstamo imputado al peaje en sombra para la construcción de las autovías de O Salnés, Barbanza, Santiago-Brión y Ourense-Celanova.

Entes instrumentales

El Consello de Contas audita también los entes instrumentales y sociedades mercantiles dependientes de la Xunta. Lamenta que la Xunta “siga sin poner en marcha un registro de estas entidades” tal y como contempla la ley. Además, en su opinión, “falta información económico-financiera” de las fundaciones y sociedades mercantiles.

Las entidades instrumentales mueven el 17 por ciento del presupuesto autonómico. A pesar de la reducción “considerable” del número de entidades desde 2011, Contas advierte que el volumen de fondos destinados a la administración paralela “creció por la generalización del modelo de agencia”. Estos entes gestionaron en 2022 1.757 millones de euros y la mitad de estos fondos son ejecutados por las agencias.

En cuanto a las sociedades mercantiles, el órgano fiscalizador alude a la nueva Sociedad para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos (Impulsa Galicia), dirigida a agilizar iniciativas empresariales tractoras, y de la cual la Xunta posee la mitad de los derechos de voto. Contas lamenta que “no se está realizando ninguna actuación de supervisión o control sobre esta sociedad ni se integra en los presupuestos de la comunidad autónoma”.

Además cuestiona la vocación mercantil de estas sociedades que dependen mayoritariamente de las transferencias de la Xunta.

El coste real de los beneficios fiscales en Galicia asciende a más de 666 millones

El PP preconiza las bondades de las rebajas de impuestos y en Galicia la Xunta sigue este modelo económico. ¿Pero cuál es el impacto de las bonificaciones fiscales? Por primera vez el Ejecutivo autonómico traslada al Consello de Contas “el coste definitivo” de estas medidas: 666,4 millones de euros en el año 2022. Casi el 40 por ciento de esta cifra deriva de las rebajas aplicadas en el Impuesto de Sucesiones , por las que el 99 por ciento de los gallegos ya no pagan nada por las herencias. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prometió además en campaña electoral extender estos descuentos a hermanos, tíos y otros parientes. Otros 186,9 millones de euros se corresponden con el coste de rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Pero esta cifra se verá incrementada este año pues este gravamen bajará del 9 al 8%, además de reducirse del 8 al 3% el tipo que grava la venta de vehículos usados y de la eliminación del ITP para la compra de coches cualificados como “cero emisiones”. La rebaja del Impuesto de Patrimonio, que grava las rentas más altas, tuvo un coste en 2022 de 184, 4 millones, pero entonces la bonificación era solo del 25% y ahora ya se ha elevado al 50%. En cuanto al IRPF los descuentos aplicados por la Xunta en el ejercicio fiscalizado por Contas suman 33,2 millones. El órgano fiscalizador echa en falta, sin embargo, que no se haya vinculado estas rebajas fiscales a “unos indicadores u objetivos que permitan evaluar su eficacia y eficiencia de manera continuada en el tiempo”. Y a pesar de que Contas viene reiterando esta “deficiencia” a la Xunta, advierte que la Axencia Tributaria “no la asume”. Por eso, en su informe fiscalizador de la cuenta de la comunidad autónoma insiste en que se deben establecer “objetivos e indicadores” antes de crear nuevos incentivos fiscales.

Un déficit de casi 6.500 plazas en el Sergas

En el Sergas están dotadas presupuestariamente un total de 37.002 plazas. Sin embargo, a diario trabajan en la sanidad pública gallega 43.444 personas. Es decir, la Consellería de Sanidade debe reforzar cada día con 6.500 trabajadores una plantilla que se queda escasa. El Consello de Contas llama la atención sobre esta situación. Advierte que el número de efectivos supera en un 16 por ciento el cuadro de personal dotado en los presupuestos.

“La recurrencia de estas contrataciones desvirtúa su carácter coyuntural, por lo que se precisa la adopción de medidas que permitan una adecuada planificación de las necesidades de recursos humanos del Sergas”, reclama el órgano fiscalizador. En su informe sobre la cuenta del Sergas, Contas insta a Sanidade a implantar “un sistema estable de financiación con presupuestos realistas”, pues le recuerda que siempre gasta más de lo presupuestado.

“No parece justificada esta infraestimación del crédito inicial, más cuando el gasto real crece en todos los ejercicios”, apunta. Además advierte que se desconoce “la situación patrimonial de la entidad” porque carece de un sistema integral de contabilidad y falta transparencia en alguna de sus entidades dependientes. El gasto destinado a la actividad concertada fue de 226 millones.

Y Contas vuelve a recriminar al Sergas el “volumen considerable de gasto” en contrataciones directas, sin mediar concurso ni publicidad, para concertar con la sanidad privada determinadas prestaciones. A esto se suman las diferentes tarifas que paga el Sergas por la actividad concertada según el hospital. Así, una extracción de cataratas en el Hospital Cosaga de Ourense cuesta 645 euros, mientras que en el Hospital Quirón de Pontevedra se paga 856 euros. En su fiscalización sobre el uso de la actividad concertada en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco, Contas advierte que en el caso del transporte sanitario no urgente en 2022 se decidió por primera vez dejar de contratarlo de forma centralizada y que fuera cada gerencia quien lo tramitara. El resultado es que el coste anual de este servicio se incrementó un 40% en Ourense. De ahí, que recomiende a la Xunta que las tarifas abonadas estén fundamentadas en “una evaluación efectiva de costes”.

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