El exjefe de servicio de la Demarcación Norte de Augas de Galicia y el ex subdirector xeral de Dominio Público Hidráulico declararon ayer ante el juez tras ser citados como testigos por la defensa del exregidor y actual primer teniente de alcalde, Ramón Rodríguez Ares, que se enfrenta a una pena de 6 años y 9 meses de prisión, a su inhabilitación y a una multa de 13.680 euros acusado por Fiscalía de un delito contra el medio ambiente y de prevaricación ambiental por la tala y relleno que ordenó en 2005 en As Brañas. Los dos técnicos sostuvieron que las obras de encauzamiento y relleno ordenadas por el exalcalde en mayo de 2005 se iniciaron sin el preceptivo permiso de Augas de Galicia pero, a preguntas del abogado, ratificaron que el humedal no disponía de ningún tipo de protección. Contrariamente a lo que sostiene Fiscalía, los dos testigos declararon que el entorno natural de As Brañas está catalogado, pero no protegido. "Ese humedal no está protegido, por la información que yo tengo", respondió el exjefe de la Demarcación Norte.

A preguntas de los abogados del exalcalde y del por entonces concejal de Urbanismo, Emilio Gómez, los dos testigos afirmaron que las obras, incluidas en el plan parcial de As Brañas, disponían de los informes previos favorables del Servizo de Conservación da Natureza por "no afectar significativamente" a la zona. El exjefe de servicio de Augas de Galicia asintió también cuando el abogado le preguntó si el objetivo de los trabajos era acondicionar la parcela para la construcción de un colegio y que con ellas "se pretendía mejorar la capacidad de desagüe".

Los extécnicos autonómicos declararon que las obras fueron paralizadas por iniciarse sin la autorización preceptiva de Augas de Galicia para la zona de dominio público hidráulica. A preguntas de la fiscal, el ex subdirector xeral de Dominio Público Hidráulico relató que el exalcalde desoyó el requerimiento. "En aquella época no tuvo información del seguimiento de la obra, pero me informaron de que la demarcación correspondiente sí tuvo que reiterar la orden de paralización", relató el extécnico. Los dos testigos declararon que la ejecución de la tala y el relleno antes de resolverse el expediente de solicitud de licencia le costó al Ayuntamiento una sanción de 600 euros. "La cuantía mínima", apostilló el abogado del exalcalde.

Los responsables autonómicos afirmaron que, pese al incumplimiento, las obras fueron "legalizadas" y que la licencia se concedió en junio, tras desestimarse las alegaciones. Los técnicos no se pronunciaron sobre el hecho de que el relleno hubiese afectado a terreno incluido en el Plan de Protección de As Brañas, clasificado como rústico de protección de espacios naturales, como admitió el exalcalde, que culpó de esta "extralimitación" a la constructora. La defensa de Rodríguez Ares y Emilio Gómez reiteró además que fue la empresa la que inició las obras de protección del río Maior de forma precipitada y que si no se paralizaron fue por la necesidad de realizar labores de contención "para evitar males mayores".

El número de árboles talados durante los trabajos sigue siendo una incógnita. Los técnicos citados ayer por la defensa no contribuyeron a arrojar luz sobre este hecho que, indicaron, corresponde a la Dirección Xeral de Montes. Sí respondieron, a preguntas de los abogados, que el expediente sancionador obedeció solo a la ejecución de las obras sin permiso.

Mientras que un agente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) respondía en la primera jornada del juicio que la tala afectó "sin duda" a muchos más árboles de los 77 autorizados, un testigo de la defensa sostuvo ayer lo contrario. Un vecino, propietario de tierras en As Brañas, declaró que solo fueron "40, 50 o 60 y no de esos árboles catalogados como buenos, sino de los que nacen solos. El resto eran arbustos", mantuvo.