El PP aprobó ayer en solitario iniciar el expediente de resolución de contrato a Martinsa Fadesa por no consignar los avales para garantizar el justiprecio de las expropiación de Costa Miño Golf. El Gobierno local aprobó también exigir daños y perjuicios a la compañía para afrontar los gastos que la resolución del contrato ocasionará al Concello, que cifra en 23 millones, e iniciar los trámites para el embargo de las garantías prestadas.
El Ayuntamiento dará audiencia durante diez días a Martinsa Fadesa para que presente las alegaciones que considere oportunas. El alcalde, Juan Maceiras, recalcó que, si durante este período, la empresa presenta las garantías exigidas, dejará sin efecto la resolución contractual. "Que presenta alegaciones y no mensajes intimidatorios", advirtió, en alusión a la carta que la inmobiliaria envió al Concello el día antes del pleno en la que amenazaba con emprender acciones legales si rescindía el contrato.
El Consello Consultivo deberá pronunciarse sobre la legalidad de la resolución contractual, que ha sido refrendada por la asesoría jurídica del Concello y la Diputación y la Secretaría municipal. La funcionaria no comparte los argumentos de la contratista y recalcó que con la rescisión no se pretende ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de 2006 que anuló el pliego de cláusulas y la expropiación, "sino dar cumplimiento a las obligaciones del contrato administrativo". Advierte además de que Fadesa se contradice al sostener que las garantías requeridas no son necesarias y ofrecer inmuebles como aval.
El alcalde reiteró que las garantías que ha ofrecido Fadesa no son suficientes para garantizar los pagos a los expropiados. "Podrían no cubrir en un futuro lo que está concedido por los tribunales. El problema es que la empresa ha salido de un proceso concursal y tiene 8 años para pagar. Tenemos que exigir los avales para tener garantías en el caso de que en cuatro años ya no exista", sostuvo.
El asesor legal externo del Concello también intervino en el pleno para defender el proceder de la Administración local en el intrincado desarrollo urbanístico iniciado en 2002. Sostuvo el técnico que la construcción de esta macrourbanización trajo "enormes ventajas al Concello", que, recalcó, "siempre intentó defender los derechos de los expropiados". Su intervención provocó risas entre el público y un reproche del PSOE, que le conminó a limitar su intervención a aclarar las dudas técnicas. Los socialistas lamentaron el proceder del Gobierno local en el desarrollo de Costa Miño Golf. Su portavoz, Manuel Vázquez Faraldo, incidió en que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) todavía no se ha pronunciado sobre la readjudicación del contrato a Fadesa, la solución que adoptó el Concello para cumplir la sentencia que anuló el pliego de cláusulas de 2002,
El PSOE le reprochó al Ejecutivo local que desoyese sus reiteradas advertencias sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo con empresa y expropiados para el pago a los expropiados y le acusó de actuar "a espaldas" de los afectados, la oposición y "del Valedor do Pobo", que ya en 2006 le recriminó que fuese en contra de sus propios actos al no exigir un aval a Fadesa. Vázquez Faraldo cuestionó que la rescisión del contrato tenga por fin que velar por los intereses de los afectados ya que, recordó, el Concello recurrió "sistemáticamente" todas las sentencias que le fueron favorables.
La oposición expresó su temor a que la liquidación del acuerdo provoque otro dilatado pleito que demore más la solución o que provoque la "quiebra total y absoluta del Concello" si tiene que afrontar los pagos. "¿Por qué no se resolvió el contrato antes, en años de bonanza?", se preguntó Faraldo, que le espetó a Maceiras, "si los expropiados cobran algún día no será gracias al gobierno, sino a pesar de él".
