La relación entre unos vecinos de las aldeas de Santa Baia y Foxado, en el municipio de Curtis, y el cura de Teixeiro, Manuel García, no atraviesa su mejor momento. Y no precisamente por discrepancias religiosas. El conflicto es más bien mundano y tiene su origen en las denuncias interpuestas por el párroco por supuestas irregularidades en unas obras y edificaciones en el entorno de la iglesia de Santaia y la capilla de Santiago.
Los residentes afectados por las inspecciones sospechan que más que a escrúpulos urbanísticos, las denuncias responden a una vendetta de don Manuel por la reclamación de unas deudas por arreglos en varias iglesias. Y el clérigo, que en los últimos años ha recibido a su vez varios requerimientos urbanísticos del Concello, niega la mayor.
La disputa ha subido de tono en los últimos días. Durante la pasada semana tres vecinos recibieron una notificación del Concello a raíz de los escritos presentados por el párroco. El dueño de la carpintería de Santaia, un constructor y presidente de la asociación de vecinos de la localidad, y el propietario de la vivienda de Paradela.
En los dos primeros casos, el párroco trasladó al Arzobispado de Santiago un escrito que llegó a sus manos y que daba fe de una serie de obras sin autorización de Patrimonio en el radio de protección de la iglesia de Santa Baia. En el caso de la vivienda de Paradela, el religioso puso en conocimiento que carece "supuestamente de permiso municipal" y rompería con la tipología del entorno patrimonial de la iglesia.
El clérigo, que también ha denunciado supuestas anomalías en la instalación del mobiliario urbano del Concello, insiste en que es su obligación advertir al Arzobispado de las supuestas irregularidades que se acometan en el entorno de la Iglesia y apostilla: "En todo caso, el delito es del que consiente no del que denuncia la ilegalidad".
La carta anónima que el cura trasladó a instancias superiores no solo advertía de presuntas anomalías en las obras de ampliación de la carpintería, sino que señalaba a los "presuntos infractores a vigilar" y daba instrucciones para "sorprender" in fraganti a un conocido constructor de la localidad, a su vez presidente de la asociación de vecinos de Santaia.
El tono de la misiva ha puesto en pie de guerra a los denunciados, que sospechan que el misterioso remitente no es otro que el eclesiástico. El dueño de la carpintería, Gonzalo Ansede, atribuye la denuncia una represalia del cura por la reclamación de unas deudas. "Nos debe casi 4.000 euros por arreglos en iglesias. Le reclamamos el pago varias veces y nos dijo que no iba a pagar nada, que lo denunciásemos", relata este trabajador, que acusa al cura de atacar al " único negocio" de la aldea y asevera que las obras disponen de licencia municipal y no suponen ningún impacto en el entorno eclesiástico.
Con la misma indignación se expresa el constructor y presidente de la asociación de vecinos de Santaia, Manuel Abad, que niega cualquier relación con las obras de la carpintería y acusa al cura de involucrarle por cuestiones personales. "Me quiere meter por el medio de cualquier manera", lamenta este empresario, que asegura que el párroco le adeuda 1.655 euros por unas obras en la cubierta de Santaia que había encargado el anterior cura.
Su versión en nada se parece a la del eclesiástico, que no solo niega haber contraído algún tipo de deuda con estos dos empresarios locales, sino que cuestiona la facturación aportada en su día por el constructor para justificar los gastos. "Que me denuncien en el juzgado, no les debo un duro", recalca.
En lo único que coinciden todos los implicados es que este conflicto tiene mucha marejada de fondo y un claro componente político. La mala relación del párroco con el Gobierno local, del Partido Popular, es más que notoria. Y los vecinos se sienten víctimas de una represalia política.
Manuel García apunta en el mismo sentido, pero da la vuelta a la tortilla. "Esto es un tema político. Los dos empresarios trabajan para el Partido Popular. Aquí lo que hay es un intento serio de desacreditarme", lamenta el cura, que asegura que él también ha sido víctima de varias denuncias urbanísticas promovidas por el Consistorio.
Y es que el urbanismo parece estar en el centro de esta disputa. El párroco atribuye a la mala fe del Ejecutivo unos requerimientos urbanísticos que le obligaron a demoler un panteón y a subsanar las obras en la sacristía de Santaia tras la autorización verbal del Concello. "El Gobierno local me dijo que tirara para adelante y después me puso una denuncia. En Curtis hay un problema muy gordo de caciquismo", censura.
El conflicto tiene pocas trazas de arreglarse. Los vecinos le echan en cara al párroco supuestos desplantes al colectivo de Santaia y le advierten que con esta actitud "expulsa a los feligreses de la iglesia".
