El secretario municipal de Abegondo recomienda que el Concello devuelva los avales que pusieron vecinos para que sus fincas fuesen clasificadas como urbanizables en las normas provisionales de ordenación, que regirán el urbanismo hasta el se elabore un nuevo plan general. El Ayuntamiento exigía avalar con 1.500 euros o aval bancario el compromiso de construir en esa propiedad en el plazo de cinco años, medida impuesta para restringir el número de núcleos en los que se permitirá edificar de los que no registraron actividad en el periodo de vigencia del plan general anulado. El habilitado nacional, en un informe emitido a petición de Alternativa dos Veciños, aconseja "que se restituyan las garantías a los solicitantes con el fin de evitar suspicacias o generar temores infundados en la ciudadanía".

El funcionario considera que "las garantías son ajustadas a los medios válidos en derecho". Eso sí, apunta: "Otra cosa es que sean apropiadas o proporcionales a la exigencia solicitada. Todo ello sin entrar a valorar la oportunidad de la exigencia jurídica principal".

El informe, fechado el día 10 de enero, concluye: "Esta secretaría, teniendo en cuenta que el propósito de la existencia de las garantías para edificar es la elaboración de un informe para la redacción de la ordenación provisional, recomienda que se restituyan las garantías a los solicitantes con el fin de evitar suspicacias o generar temores infundados a la ciudadanía".

En su encabezamiento, el informe detalla que se pronuncia sobre "cualquiera de los tres métodos elegidos como aval", aunque el Gobierno local aseguró, tras hacerse público que una mujer había puesto como aval la propia finca en que pretendía edificar, que esta modalidad se suprimiría. Afirmó que solo se permitirían dos fórmulas: poner en depósito los 1.500 euros o el aval bancario como garantía de que se construiría en cinco años o, de lo contrario, se perdería el importe.

Alternativa dos Veciños interpreta que el informe les da la razón en sus críticas al aval, que había calificado de "impuesto revolucionario" y que vio "de dudoso encaje legal". Entiende que el secretario pone de manifiesto "lo desacertado" de la medida y "desautoriza el intento de Santiso de que los vecinos pagaran su fianza" -en referencia al aval. La portavoz de la agrupación, Fátima Ínsua, exige que la devolución o rescisión de los avales "sea inmediata". Reclama, además, "se informe personalmente a los vecinos afectados de que pueden pasar a recoger su depósito o rescindir el aval realizado".

El cobro del aval como medida para seleccionar qué núcleos rurales con poca actividad se clasificarían como edificables se anunció a través de un bando municipal el pasado mes de agosto. Se indicaba que el "compromiso" debía formalizarse antes del 17 de octubre, pero se omitía informar a los vecinos de que deberían poner un aval para poder construir en sus terrenos en núcleos sin actividad reciente.