24 de enero de 2019
24.01.2019
La Opinión de A Coruña
CERCEDA

Liñares cuestiona un informe jurídico que ve obligada su salida: "El secretario no es Dios"

El funcionario emitió un informe a petición de PP y BNG en el que declara forzoso su cese por la condena por prevaricación y fraude - La oposición fuerza un pleno

24.01.2019 | 00:48
El alcalde de Cerceda, José García Liñares.

El jurista advierte de que las resoluciones del regidor estarían viciadas de "nulidad radical"

El secretario municipal de Cerceda ha emitido ya el informe solicitado por la oposición (PP y BNG) y concluye que el alcalde, José García Liñares, debe cesar de sus cargos por la condena en primera instancia a año y medio de cárcel y 16 de inhabilitación por prevaricación y fraude a la Administración.

Como ya avanzó este diario, la ley electoral recoge que la condición de alcalde o concejal es incompatible con una condena, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración. En su informe, el habilitado nacional confirma esta "incompatibilidad sobrevenida" y concluye que "no resulta necesario que el condenado renuncie, sino que bastaría con que el pleno de la Corporación tomara conocimiento de ello y solicitara a la Junta Electoral Central la expedición de la credencial del candidato siguiente de la lista".

El funcionario encargado de velar por la legalidad en la gestión municipal apunta además que cualquier acto administrativo, decreto o resolución dictada por el alcalde desde su condena incurriría en "vicios de nulidad radical".

A pesar de que el alcalde era conocedor de esta ley y que el PSOE provincial le advirtió de la incompatibilidad de su condena con el cargo de diputado, y por tanto de concejal, José García Liñares dejó claro que no dimitiría y solo accedió a renunciar a su acta en la institución provincial. El regidor, que gobierna Cerceda desde hace 24 años, se aferra al cargo y argumenta que la ley es interpretable.

"El secretario no es Dios, solo da su opinión", adujo ayer a consulta de este diario. Este histórico regidor afirma que se guarda una as en la manga y que existen vías que le permitirán continuar en el cargo. "Tengo informes que dicen lo contrario que el secretario", afirma y rechaza dar más datos para evitar "desvelar" su estrategia.

Los grupos municipales de PP y BNG solicitaron ayer la convocatoria de un pleno extraordinario para tomar conocimiento de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña que condena al alcalde y, consecuentemente, oficializar su renuncia, inciden. La oposición insta en el escrito presentado por registro a solicitar a la Junta Electoral la expedición de la credencial del edil que tome el relevo de Liñares.

Una vez presentada la solicitud de un pleno extraordinadio por parte de la oposición, García Liñares dispone de 15 días hábiles para convocarlo y, de no hacerlo, quedaría automáticamente convocado para el décimo día hábil. Salvo sorpresa mayúscula, el Concello convocará en breve la sesión que debatirá la salida de este histórico socialista, que renunció a sus siglas con la apertura del juicio oral y que presumiblemente se verá obligado a renunciar también a la Alcaldía.

El BNG apeló ayer a la responsabilidad para forzar la renuncia de García Liñares tras su condena y lamentó la "cerrazón del alcalde" por aferrarse al cargo "sin valorar las consecuencias negativas que su permanencia puede ocasionar al municipio" dado que, incide, sus resoluciones y acuerdos quedarían viciados de nulidad.

Liñares defiende su inocencia y acusa al juez José Antonio Vázquez Taín de emitir una sentencia llega de "errores". Admite que solo una sentencia absolutoria antes de mayo le permitiría concurrir de nuevo a las elecciones. Su caída abre una crisis en el PSOE de Cerceda, que deberá buscar in extremis un relevo para un peso fuerte del partido.

La sentencia que condena a este histórico alcalde abre una nueva crisis en un municipio que parecía haber superado la convulsión política de décadas pasadas. Con Liñares, son ya tres los políticos del PSOE que ostentaron la Alcaldía en este pequeño pueblo de menos de cinco mil habitantes que acabaron inhabilitados por la Justicia. La suya todavía es recurrible.

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