31 de octubre de 2019
31.10.2019
La Opinión de A Coruña

Sada lleva a pleno consignar 736.000 euros para derribar el edificio ilegal de Fiunchedo

El Concello reserva crédito por orden judicial y repercutirá el coste a la promotora ||Los propietarios tramitan contra reloj un plan para intentar legalizar el inmueble

30.10.2019 | 22:44
Edificio de Fiunchedo con orden de derribo.

El Concello de Sada propondrá en el próximo pleno del 7 de noviembre consignar una partida de 736.916 euros para ejecutar de forma subsidiaria la demolición del bloque de 38 viviendas de Camiño de Fiunchedo 6, con orden firme de derribo desde 2014. Este edificio fue construido al amparo de la misma licencia que el bloque de Sada y sus Contornos 3, que consta de 20 viviendas y que se encuentra también en situación ilegal.

El Gobierno local eleva a pleno la consignación de crédito para cumplir una orden del juzgado, que interpuso ya una multa de 500 euros al alcalde, Benito Portela, al entender que no había hecho los suficientes "actuaciones tendentes a la demolición". La Justicia ha accedido con todo a la petición del Ayuntamiento de ampliar el plazo para proceder a la demolición, fijado inicialmente en septiembre de 2019, y que prorrogó hasta el 30 de abril de 2020.

En la propuesta que elevará a pleno, el Ejecutivo detalla que el edificio está parcialmente ocupado y dispone de tres plantas y otras tantas de sótano. El Concello, que ya se ha reunido con los propietarios para informarles de la situación, acometerá los trabajos de forma subsidiaria y ya ha repercutido el importe de las obras a la promotora, O Meu Lar, que ha recurrido esta liquidación por la vía contenciosa.

"Este expediente no supone en ningún caso un reconocimiento de responsabilidad patrimonial por parte del Concello", recalcan desde el Gobierno municipal, que incide en que "está acreditada la actuación culposa y negligente de la promotora en el otorgamiento de la licencia".

La licencia de estos dos edificios fue concedida en 2005 durante el gobierno de Ramón Rodríguez Ares y, en el caso del edificio de Fiunchedo 6 podría costarle al Concello cuatro millones en indemnizaciones. Se trata, con todo, de una cantidad estimada, dado que la Justicia revocó finalmente el auto que obligaba al Concello a realizar el depósito para hacer frente a las indemnizaciones.

Los tribunales anularon la licencia porque el ámbito estaba afectado por tres ordenanzas distintas y, en el caso del edificio de Fiunchedo, se vinculó irregularmente la zona incluida en una ordenanza de suelo urbano con otra cualificada como zona verde, con lo el bloque tuvo un aprovechamiento muy superior al que le correspondía.

Los propietarios de este edificio de Fiunchedo trabajan contra reloj para intentar evitar el derribo
. Como ya informó este diario, la comunidad tramita ante la Xunta un plan de reforma interior para intentar legalizar este inmueble al amparo del nuevo plan general. Los promotores de este plan especial de reforma interior plantean ordenar este ámbito integrando el edificio construido, que deberá destinarse en parte a vivienda pública protegida y dedicar 4.320 metros cuadrados a espacios libres y 6.96 metros cuadrados a aparcamientos, aceras y viales. En el documento inicial que se sometió a evaluación ambiental proponían construir un segundo bloque de viviendas para completar el aprovechamiento del ámbito, que es de 3.399 ( el consumido por la edificación construida es de 2.703) y restarían 696 metros cuadrados que los propietarios pretendían dedicar a la construcción de un segundo bloque que se destinará íntegramente a vivienda protegida para llegar al 30% mínimo que establece el plan general. Su propuesta, que podría modificarse durante la tramitación, ha obtenido ya la autorización ambiental de la Xunta.

Nuevo plan de legalización

Los propietarios del edificio de Sada y Contornos 3 han presentado un nuevo proyecto de legalización del edificio para intentar esquivar la piqueta. Es el segundo plan que presentan. El Concello dio una licencia de legalización en base a un proyecto anterior, pero la autorización fue anulada por el juzgado en 2018. El fallo fue ratificado por el Superior, aunque todavía no es firme y el Concello prevé recurrir en casación.

El juez daba de todos modos opción a enmendar las deficiencias detectadas y presentar un nuevo proyecto de legalización. Un plan que acaban de presentar los propietarios y que está pendiente de evaluación técnica.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
esquelasfunerarias.es