Los Franco piden retirar todos los bienes del pazo de Meirás y que se elimine el inventario

Los abogados Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil solicitan que se les conceda a sus representados el “plazo razonable de un mes” para retirar “todas las cosas, bienes u objetos que hay en el interior del inmueble reivindicado”, “con la sola excepción” de aquellas que hayan sido depositadas por el Estado tras tomar posesión de forma provisional del pazo el pasado diciembre.

Los letrados avanzan además su intención de reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que, afirman, ha ocasionado a la familia Franco la prohibición cautelar de retirar los bienes del pazo, un resarcimiento que ha sido avalado por los jueces.

A día de hoy, los únicos bienes a priori blindados de una mudanza son las esculturas del Mestre Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, que fueron declaradas Bien de Interés Cultural, por lo que su traslado debe ser autorizado por la Consellería de Cultura.

Los Franco piden también en su escrito la “eliminación o supresión de las presentes actuaciones” del inventario de bienes solicitado por el juzgado de instancia alegando que se realizó al amparo de unas medidas que, inciden, fueron revocadas. Reclaman además que se ordene al Estado y las partes demandantes (Xunta, Diputación y ayuntamientos de Sada y A Coruña) “que se abstengan con carácter indefinido de todo uso, utilización, invocación, divulgación y o revelación” tanto del inventario realizado por los técnicos de la Consellería de Cultura como del informe de Patrimonio Nacional sobre la titularidad de los bienes depositados en Meirás. Este último informe apuntaba a la existencia de muebles y piezas que tenían su origen en las Colecciones Reales Españolas, por lo que la Jefa de Conservación de Patrimonio Nacional recomendaba revisar la totalidad de los bienes histórico artísticos y los de la primera mitad del siglo XX, prestando especial atención al mobiliario, bronces y porcelanas.

La petición de los Franco de impedir a los administraciones hacer uso del inventario y del informe preliminar de Patrimonio Nacional podría tener efectos en varios frentes de ser estimada. El inventario realizado por la Consellería de Cultura es el único documento que detalla los bienes depositados en el pazo, por lo que sería un instrumento clave para el Estado en el caso de que decidiese reclamar su titularidad a través de una nueva demanda. También resulta clave para elaborar el anexo de bienes asociados al BIC de Meirás que reclaman el Concello de Sada, asociaciones memorialistas o el BNG.

El Gobierno, que avanzó la pasada semana que analizaba las fórmulas para evitar el “expolio”, todavía no ha desvelado qué medidas prevé adoptar. El Concello de Sada ha propuesto a la Abogacía del Estado que presente un incidente de ejecución de sentencia para que la Justicia aclare qué bienes pueden retirarse del pazo. El Ayuntamiento sadense recuerda que la escritura de compraventa del pazo de 1938 recoge textualmente que el inmueble se vendió con “con todo cuanto dentro del edificio existe”, salvo unos tapices y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, que su heredera “ofreció darla gratuitamente al Generalísimo”. En base a esta escritura, el Ayuntamiento defiende que los Franco no pueden retirar ningún bien de la condesa de Pardo Bazán dado que la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que en el trámite de ejecución de las sentencias que ordenen la devolución de un inmueble, solo se permitirá retirar aquellos bienes muebles “que no sean objeto de título”.

El Concello sadense, entidades memorialistas como Iniciativa Galega pola Memoria, y el BNG han reclamado además a la Xunta que modifique de inmediato el decreto de declaración de Bien de Interés Cultural del pazo de Meirás para incluir un anexo con los bienes vinculados a este sitio histórico. Consideran que es el único modo de blindar, al menos a corto plazo, el mobiliario y las obras de arte.

Como ya informó este diario, la Audiencia revocó la medida cautelar dictada por la jueza de primera instancia al entender que no procedía impedir la retirada de unos bienes muebles que el Estado no reivindicó en su demanda, que se limitaba al inmueble y las fincas. En su auto, firme, los jueces abrían la puerta al Estado a presentar una demanda para reclamar el mobiliario y obras de arte depositadas en el pazo si consideraba que eran de su propiedad.

Cambio de jueza

Es probable que la hasta ahora titular del Juzgado de Primera Instancia número 1, Marta Canales, no sea la encargada de resolver la petición de los Franco. La magistrada, que sí vio procedentes las medidas cautelares y el inventario, ha logrado una plaza que quedó libre en la sección sexta de la Audiencia Provincial al ser la aspirante con más antigüedad.