La mesa sobre la que se firmaron los documentos de entrega del pazo de Meirás al Estado el pasado diciembre tiene una historia que pasó desapercibida, un pasado en el que solo repararon historiadores como Manuel Pérez Lorenzo, que desveló que se trataba de la misma mesa en la que Emilia Pardo Bazán “escribió sus últimas obras, con la ría de Sada como fondo”. Ese pedacito de historia que permanece todavía en la Torre de la Quimera podría pasar también a manos de los herederos del dictador Francisco Franco por la falta de concreción de los bienes muebles que atesora el pazo de Meirás, de su origen y titularidad.
Lo mismo podría pasar con otros bienes como las sillas bordadas a mano por la condesa de Pardo Bazán y sus hijas, que pueden verse todavía en la capilla, el retrato de la escritora o el busto que adornan uno de los salones del pazo de Meirás. Tras el auto de la Audiencia Provincial que estima el recurso de los Franco, anula el depósito cautelar y les autoriza a retirar los bienes del pazo, entidades memorialistas, el Concello de Sada, partidos de la oposición en la Xunta (PSOE y BNG) han reclamado que se tomen medidas con urgencia para blindar los bienes de Emilia Pardo Bazán y los de propiedad estatal. Recuerdan que Patrimonio Nacional constata en un informe la existencia de piezas y muebles de las Colecciones Reales Españolas y que recomendó realizar un examen exhaustivo para identificar aquellos bienes que fueron adquiridos con dinero público o trasladados de otras dependencias públicas durante la dictadura para amueblar las dependencias del por entonces Jefe del Estado.
El Gobierno ha anunciado que estudia las acciones a adoptar para “evitar el expolio”, aunque evita concretar de momento las medidas que, explica, analiza la Abogacía del Estado. El Concello de Sada ha realizado ya primera propuesta. El Ayuntamiento instó ayer al Gobierno a presentar un incidente de ejecución de sentencia que permita dirimir qué bienes deben permanecer en el pazo y cuáles pueden ser retirados por los nietos del dictador.
El Gobierno local llama la atención sobre un extremo al que ya apeló en su recurso y sobre el que no se pronuncia la Audiencia en su auto, el hecho de que la escritura de compraventa de 1938 detalla que la Junta Pro Caudillo compró el pazo “con todo cuanto dentro del edificio existe”, salvo unos tapices y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, que su heredera “ofreció darla gratuitamente al Generalísimo”. El Ejecutivo (Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños) incide en que la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que en este tipo de procedimientos de devolución de inmuebles por orden judicial solo se permite retirar aquellos bienes muebles “que no sean objeto de título”.
El alcalde de Sada, Benito Portela considera “inadmisible” que el hecho de que el Estado no ejercitase una pretensión específica sobre los bienes muebles lleve a la Audiencia a concluir que son en su totalidad propiedad de los Franco. Incide en que esa conclusión “no se ajusta al contenido de la escritura de 1938, “que la Audiencia conoce perfectamente”. Recuerda que esta escritura es “válida” y sostiene que si la Justicia falló que el pazo de Meirás es titularidad del Estado, debe entenderse que esa propiedad se extiende a los bienes muebles que atesoraba la propiedad en el momento de la compra.
La Audiencia no se pronuncia en su auto sobre la titularidad de los bienes muebles, solamente sobre la improcedencia del depósito cautelar del mobiliario, obras de arte y enseres, dado que estos no fueron reivindicados por el Estado en su demanda, que se limitó al inmueble y fincas. Los jueces recuerdan que la Ley de Enjuiciamiento Civil no permite dictar medidas cautelares en el proceso de ejecución de una sentencia y apunta que el Estado, si así lo considera, puede presentar una nueva demanda para reclamar los bienes muebles o promover el correspondiente incidente en ejecución para discutir y resolver sobre cuál es la extensión del fallo que se ejecuta, posibilidad a la que apunta precisamente el Concello de Sada.
Los jueces no se pronuncian sobre la procedencia de los bienes y, en respuesta al alegato del Estado, que apeló a informes de Patrimonio Nacional que apuntan a la existencia de bienes en el pazo procedentes de la Colecciones Reales Españolas, invita al Gobierno a interponer la correspondiente demanda.
El tiempo corre en contra del Estado. Los Franco ya han avanzado su intención de reclamar ya la retirada de los bienes que consideran de su propiedad, y los historiadores, entidades memorialistas y grupos de la oposición de la Xunta urgen medidas para evitar que vacíen de contenido este Bien de Interés Cultural.
El Concello de Sada insistió ayer nuevamente en la necesidad de modificar el decreto por el que se declaró BIC el pazo de Meirás en la categoría de sitio histórico para incorporar una relación de bienes asociados. En la actualidad, solamente las esculturas del Mestre Mateo y la biblioteca de Pardo Bazán son BIC, por lo que los Franco tendrían que notificar cualquier traslado.
Entidades memorialistas y partidos como el BNG instaron también ayer a la Xunta a a “utilizar todas las prerrogativas que le da la Lei de Patrimonio Cultural para impedir que Galicia viva un “nuevo saqueo”, en palabras de Iniciativa Galega pola Memoria, que aglutina a entidades memorialistas de Galicia. Esta plataforma, de la que son portavoces los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, y el BNG criticaron también el “cariz franquista” que, afirman, desprende el auto de la Audiencia.
La líder del BNG, Ana Pontón, calificó la resolución de los jueces de “bofetada a la dignidad de Galicia, a la memoria de las víctimas y a todas las personas que luchan por recuperar un pazo que fue un expolio” y urgió a actuar en “dos direcciones”: ampliar el decreto BIC para incluir los bienes asociados al sitio histórico e interponer una demanda para reclamar su titularidad, extremo que le correspondería articular al Estado.
El PSdeG se pronunció ayer también a favor de reclamar aquellos bienes “que puedan pertenecer al Estado”. El viceportavoz de grupo socialista, Pablo Arangüena, matizó que apoyará pleitear para recuperar aquellas piezas “sobre las que exista la posibilidad jurídica de hacerlo”. “No nos interesan las bacinillas ni el ajuar doméstico, pero si aquellos bienes sustraídos al Estado por el dictador”, apuntó Arangüena, que instó a no perder la perspectiva y hacer de menos un hecho histórico: la recuperación del pazo de Meirás. Historiadores como Emilio Grandío se manifestaban ayer en un sentido similar y abogaban por no dejarse llevar por la alarma y esperar a que el Estado “mueva ficha”.
A consulta de este diario, la Consellería de Cultura evitó ayer aclarar si modificará por urgencia el decreto BIC del pazo de Meirás para incluir un anexo con los bienes. En un primer momento, la Xunta se opuso a la reclamación del Concello de Sada alegando que el contenido del pazo ya formaban parte del BIC, al tratarse de un sitio histórico, un extremo que niega la Audiencia Provincial. La Consellería de Cultura sostiene ahora que los servicios jurídicos analizan la resolución y se puso a disposición de la Abogacía del Estado para “tomar las mejores decisiones”. Cultura cuestionó la posibilidad de modificar el decreto BIC y apeló a la necesidad de dilucidar las dudas sobre las competencias: “En la actualidad, la titularidad del pazo es estatal y existen leyes de ámbito nacional sobre el patrimonio nacional”, apuntó. Un extremo que cuestionaron ayer expertos, que afirman que la competencia corresponde a la Xunta dado que el pazo no es de Patrimonio Nacional ni un bien adscrito a servicios públicos gestionados por la Administración General del Estado.
