El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado la razón a los propietarios de unas fincas que fueron expropiadas o directamente ocupadas en 2004 por el Concello de Arteixo para construir la senda peatonal desde la playa de Salsa a Sabón en base al proyecto acordado con la Demarcación de Costas en 2002.
El Superior revoca la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña, que condenó al Concello a remitir las hojas de aprecio al jurado para que fijase el justiprecio y, en su lugar, ordena al Ayuntamiento a abonar a los demandantes 10.702 euros de justiprecio y 270.700 euros en concepto de indemnización por la ocupación de terrenos sin título alguno y la demolición de dos construcciones (un almacén y un inmueble de carácter social o deportivo).
El TSXG impone al Concello un recargo del 25% sobre la valoración por la ocupación y privación ilegal y el incumplimiento añadido de la obligación de devolver los bienes. La sentencia no es firme y el Concello puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Los jueces detallan en la sentencia que los demandantes, dos hermanos, recurrieron ya en 2004 la tasación de seis fincas y con posterioridad presentaron sucesivas reclamaciones para exigir una reclamación por la ocupación ilegal y la demolición sin título dos construcciones. Según recoge el fallo, los recurrentes alegaron contra el plan especial presentado en 2002, sin que se atendiesen sus alegaciones. Dos años después, se opusieron a la valoración de los terrenos en 10.735 euros y pidieron que la cuantía se elevase a 287.927 en base a un informe pericial, pero no se respondió a su petición. Los demandantes presentaron un nuevo escrito en 2009 ante el Ayuntamiento para solicitar una compensación por la parte expropiada y la ocupada sin título alguno, adjuntando un nuevo informe. Un año después, el Concello acordó contratar a una empresa externa para resolver las alegaciones, aunque no trascendieron más movimientos. Ante la falta de respuesta, los demandantes reiteraron su solicitud en 2013 y 2019 y , ante la falta de respuesta, recurrieron a los tribunales.
El Superior reconoce ahora el derecho al pago de una indemnización de 270.000 euros (más los 10.700 euros de justiprecio) al ver ajustados los informes periciales aportados por los demandantes.
