El Ministerio de Trabajo acaba de trasladar al Concello de Betanzos una nueva tasación del antiguo edificio de sindicatos, que lleva ya más de una década sin uso y ha sido víctima de varios actos vandálicos en los últimos años.
En base a este nuevo peritaje, el departamento estatal ofrece ahora el inmueble al Ayuntamiento a cambio de 284.000 euros a pagar a diez años. Se trata de una cuantía inferior a la planteada en 2019, que rondaba los 335.000 euros y que estaba basada fundamentalmente al valor catastral del terreno.
El Gobierno local expresó ayer su disposición a pactar la compra para dar una nueva vida a este edificio, que prevé reformar para usos socioculturales y servicios municipales. “Creemos que no se puede renunciar a este inmueble por su ubicación y las posibilidades de uso que ofrece al Ayuntamiento”, apunta la alcaldesa, María Barral, a consulta de este diario. La regidora advierte además que esta compra evitaría que el edificio “pueda caer en manos privadas en algún momento”.
Barral defiende la compra del inmueble y advierte del riesgo de que "acabe en manos privadas"
El Ejecutivo municipal convocó este miércoles a los grupos a una junta de portavoces en la que les informó de la última oferta estatal. El Gobierno local da por perdida la batalla por la cesión gratuita del edificio, que fue construido en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, tras emitir la Abogacía del Estado un informe que concluía que “ajustándose a la legislación, no puede cederse gratuitamente, el inmueble al Concello de Betanzos”.
La tasación del Estado ofrece una cifra superior a la valoración realizada por el Concello, 165.000 euros. El Ejecutivo, que negocia desde hace ya años la adquisición del inmueble, defendía en 2019 que tenía que tenerse en cuenta el estado actual de la edificación y también el hecho de que los terrenos habían sido cedidos en su día por el Ayuntamiento.
Sus argumentos no han calado en el Ministerio, que defiende que a efectos de negociación, solo es válida la tasación encargada por el departamento estatal y cierra la puerta a cualquier negociación sobre el precio, aunque sí se abre a pactar las condiciones de pago. Según avanzan desde el Gobierno local, el abono pasaría por una amortización de la cantidad anual a través de los tributos del Estado durante diez años.
“Nuestro propósito es llegar a un acuerdo definitivo”, avanza María Barral, que explica que el Gobierno local estudia la propuesta y que destaca la “buena disposición” de las dos partes para cerrar la operación. La alcaldesa incide en que tanto el Ejecutivo como Trabajo apuestan por dotar ya de actividad a este inmueble “en lugar de que permanezca en el estado en el que se encuentra ahora mismo”.
