La respuesta del Gobierno que abre la puerta a transferir la gestión de La Terraza de Sada al Ayuntamiento como “fórmula más apropiada” para rehabilitar este Bien de Interés Cultural ha sido acogida con satisfacción por el BNG, que anuncia que elevará al próximo pleno una moción para instar al Ayuntamiento a solicitar “con carácter inmediato” la concesión administrativa temporal de este quiosco modernista.
Como informó ayer este diario, el Estado, en respuesta a una pregunta del diputado nacionalista Néstor Rego, detalla que la concesión de La Terraza permanece en precario desde julio de 2018, tras rechazar la Dirección General de la Costa y el Mar la prórroga, aún pendiente de la resolución del recurso.
El Gobierno explica que tras la reversión por caducidad de la concesión, es el Estado el titular de este bien, lo que le impide acometer su rehabilitación con cargo al programa de ayudas del 2% Cultural, dado que “la única actuación posible de la Dirección General de la Costa y el Mar, en relación con los bienes de interés cultural, es el otorgamiento de la concesión”.
El BNG aboga por aceptar la vía que plantea el Estado y solicitar la concesión temporal, al entender que es la alternativa que permitiría proceder en un plazo menor de tiempo a la rehabilitación de este Bien de Interés Cultural y no evitaría tampoco que este quiosco modernista pasase a ser en un futuro de titularidad municipal “ni impediría que siguiesen otros trámites como la desafectación de los terrenos solicitada por el Concello de Sada”.
“Si La Terraza es de titularidad pública, también es responsabilidad pública evitar que prosiga su deterioro. Por eso proponemos actuar urgentemente a través de la fórmula más rápida”, defiende la formación en un comunicado.
Los actuales responsables de La Terraza avanzaron ya hace meses que recurrirán la denegación de la prórroga de la concesión y niegan que el edificio sea de titularidad pública, defienden que la concesión afecta solamente a los terrenos y que son propietarios legítimos del quiosco, que fue trasladado desde A Coruña en 1920. Entre la Corporación no hay acuerdo y PP, PSOE y Alternativa dos Veciños defienden una solución negociada.
El Estado, en su respuesta, afirma que es el “titular del bien” e incide en que al tratarse de un BIC es “inseparable del entorno”: “La construcción tiene garantizada su permanencia en el lugar”, apunta.
