Las bases de la discordia de Sada

A punto de cumplirse dos meses de la moción de censura que desbancó a Benito Portela de la Alcaldía de Sada, las bases de estabilización de unas treinta plazas de personal temporal se han convertido en el primer gran motivo de disputa entre el nuevo Gobierno local y la oposición.

El retraso en aprobar estas bases fue uno de los motivos esgrimidos por los ediles del PSOE, PP y Alternativa para justificar la moción de censura, pero la propuesta aprobada ahora por la alcaldesa, María Nogareda, ha tropezado con recursos de Sadamaioría y la central sindical de USO, que acusan al nuevo Ejecutivo municipal de desoír el parecer mayoritario de los trabajadores y de apartarse de los criterios pactados con la Fegamp y de lo establecido en la ley,

La primera crítica llegó en el pleno ordinario de finales de diciembre. La edil de Sadamaioría Pilar Taibo utilizó el turno de ruegos y preguntas para instar a la alcaldesa a revisar las bases, que tachó de "clamorosamente ilegales". El principal reproche apuntaba a la puntuación por experiencia previa, en concreto, al hecho de que esta no fuese mayoritaria en la fase de concurso, lo que contravendría el artículo 2 de la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, “que impone obligatoriamente que esta experiencia previa sea puntuada mayoritariamente en la fase de concurso”, advirtió.

Sadamaioría recurre las bases de estabilización de personal, que ve “clamorosamente ilegales”

La alcaldesa, María Nogareda, defendió entonces que se había limitado a solicitar que las bases presentadas por sus antecesores fuesen “validadas por los habilitados nacionales” y acusó a Sadamaioría de obligar al nuevo equipo de gobierno a trabajar a “marchas forzadas” por su tardanza en elaborar las bases.

Su respuesta no convenció al grupo que lidera el exalcalde, Benito Portela, que anunció la interposición de un recurso contra unas bases que consideraban “nulas de pleno derecho” por dar solo 15 puntos sobre un total de 40 a la experiencia previa.

Horas más tarde, el jueves 5 de enero, víspera de Reyes, el nuevo Ejecutivo colgó en el tablón de anuncios una corrección de errores para modificar la puntuación otorgada a la experiencia previa en la fase de concurso, que pasó de 15 a 21 sobre un total de 40 puntos. El decreto, firmado por la alcaldesa, admitía que las bases aprobadas inicialmente incumplían lo establecido en la ley.

Esta corrección no ha puesto punto final al conflicto. El sindicato USO ha anunciado ahora que acudirá a la Fiscalía si el Gobierno local “no suspende de manera inmediata la convocatoria e inicia la revisión de oficio de todos los actos relacionados con la misma”.

Sadamaioría emitió un comunicado ayer en el que denuncia más errores en las bases selectivas, concretamente en los temarios. La formación ha presentado una nueva solicitud de subsanación en la que advierte de la inclusión en los temarios de “normas legales que están expresamente derrogadas”. “Hasta en un caso se incluye una ley que es de la Generalitat Valenciana”, denuncia el grupo, que apela además a la existencia de errores en el sistema de puntuación de uno de los ejercicios y a un “trato discriminatorio y desigual” en lo relativo a la presentación de méritos.