Absuelven de estafa al abogado de uno de los denunciantes históricos del alcalde de Oleiros

Vecinos, partidos políticos, empresarios, constructores, abogados, jueces e incluso administraciones públicas, son algunos de los que a lo largo de los últimos casi cuarenta años han presentado, en algún momento, una denuncia o querella contra el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Dos de estas querellas, con origen en el año 2007, aún tienen efectos hoy en día. La Audiencia Provincial acaba de sentenciar la absolución del abogado de un promotor que se querelló contra Seoane hace años.

El abogado fue acusado por su cliente, el promotor, por supuestos delitos de deslealtad profesional, apropiación indebida, estafa y administración desleal. Este afectado le acusó de cobrarle provisión de fondos por iniciar procedimientos sin que hiciese nada, pero los magistrados de la Audiencia vieron probado que el abogado acusado sí hizo “trabajos de estudio” para cumplir lo que le encomendó su cliente, aunque otra cosa es “la relevancia jurídica de estos trabajos”, si valían el dinero pagado, lo que debe solventarse en otro ámbito judicial.

La Fiscalía en sus conclusiones definitivas acusó al letrado de deslealtad profesional en concurso ideal con un delito de estafa, mientras que el perjudicado, como acusación particular, reclamó seis años de prisión e inhabilitación como abogado.

El constructor acudió a su letrado en 2007 con unos recortes de periódico solicitándole que preparase acciones penales por prevaricación contra el alcalde. En aquel momento Seoane fue a declarar al juzgado por sus actividades como promotor inmobiliario, un pleito que se archivó. En el juicio el letrado reconoció que la querella que quería poner el promotor era “inviable” y le planteó otra estrategia, investigar al partido político, Alternativa dos Veciños, por presunto delito de asociación ilícita, aunque finalmente no llegaron a un acuerdo. Respecto a la querella contra el regidor, como no la veía viable, redactó un escrito de denuncia para la Fiscalía que le entregó a su cliente, por si quería presentarlo.

Como provisión de fondos para iniciar el trabajo, el abogado acusado le pidió al empresario, primero 5.050 euros y después 2.525. En el juicio reconoció que percibió estos fondos pero que era lo que le correspondía por el trabajo. Afirmó que desconocía si su cliente tenía algún tipo de patología mental.

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