Un restaurante de A Coruña empleaba a migrantes ilegales introducidos en España por una red

Un restaurante de A Coruña en el que se encontraron a varias personas extranjeras sin documentación de ningún tipo ni contrato de trabajo es uno de los establecimientos implicados en la organización desarticulada por el Cuerpo Nacional de Policía en colaboración con Europol que introducía ilegalmente en España a ciudadanos pakistaníes a los que cobraban entre 12.000 y 20.000 euros para trabajar de forma irregular en restaurantes y supermercados.

La operación se cerró con la detención de ocho personas, tres de ellas en A Coruña, a las que se sumaron dos en Barcelona, dos en Alicante y una en Huesca. También se realizaron dos registros en domicilios, uno en A Coruña, y tres inspecciones de trabajo, una de ellas en el restaurante coruñés.

La red organizaba los viajes por tierra desde Bosnia-Herzegovina y tenía su sede española en Barcelona, donde proporcionaba alojamiento y transporte a los migrantes clandestinos para desplazarse a A Coruña y Huesca. La organización utilizaba la llamada ruta de los Balcanes, seguida por quienes huyen de Pakistán e Irán hasta Turquía y que concluye en Bosnia-Herzegovina, donde esperan en la frontera con Croacia a poder cruzar hacia la Unión Europea.

Los delincuentes llamados “pasadores” les guiaban a pie a través de los montes que separan Bosnia y Croacia y luego eran trasladados a Italia para terminar en Barcelona en vehículos de miembros de la organización asentados en España.

La organización gestionaba la regularización administrativa de los migrantes tramitando falsas  solicitudes de protección internacional o arraigo social mediante contratos de trabajo y empadronamientos simulados.

Además del registro y la inspección laboral en A Coruña, la policía efectuó otra entrada en un domicilio de Huesca, donde también hubo visita de los inspectores de Trabajo en un restaurante y un supermercado.

Los detenidos están acusados de pertenencia a organización criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal y dos de ellos también de delitos contra los derechos de los ciudadanos. Durante los registros se han incautado ocho teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento informático y diversa documentación.