INVESTIGACIÓN DE 'MORDIDAS'

La Policía se plantea ampliar la investigación del Sindicato de Limpieza de A Coruña a Ourense, Ponferrada y Las Palmas

Tiene “conocimiento” de que allí operaban empresas ligadas a los cuatro acusados de cobrar mordidas vinculados al sindicato, aunque los delitos que se les achacan fueron en A Coruña

Allegados de los acusados de STL a la espera de su liberación, el pasado viernes. |   // CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA

Allegados de los acusados de STL a la espera de su liberación, el pasado viernes. | // CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA / Enrique Carballo

La Policía Nacional tiene “conocimiento” de que las cuatro personas ligadas al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) acusadas de cobrar mordidas a empleados de concesionarias de A Coruña tuvieron también actividad, al menos, en Ourense, Ponferrada y Las Palmas, a través de la organización sindical o empresas ligadas a lo que el cuerpo denomina “red criminal”. Aunque los delitos que se imputan a estas personas (estafa, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios) se cometieron en A Coruña, fuentes policiales consultadas por este diario abren la puerta a ampliar la investigación a estas otras zonas.

De estas, Ourense es la única en la que se han producido acusaciones de mordidas por trabajar. Estas, según la Policía, se cobraban en A Coruña a los empleados de la concesionaria de recogida de basuras, PreZero, y la de limpieza viaria, A Coruña Limpeza, a los trabajadores temporales, si bien no a los veteranos ya fijos. Los primeros tenían que abonar, según la Policía, unos 70 euros al mes por mantener el trabajo.

Según la CIG de Ourense, lo mismo ocurría en la cuota de trabajadores de la empresa FCC en la UTE que gestiona la limpieza y recogida de basuras de la ciudad. Según afirma el sindicato, esta empresa había cedido la contratación a STL, que cobraba unos 70 euros a las personas que daba trabajo fijo y unos 40 a los puestos temporales. Los pagos habrían cesado en general, afirma el sindicato, cuando decenas de trabajadores presuntamente extorsionados pasaron a tener contrato fijo.

El sindicato denunció la situación ante la Fiscalía en 2020, aunque, según documentos a los que ha tenido acceso a este diario, la investigación se archivó. El secretario comarcal de la CIG en Ourense, Anxo Pérez Carballo, relaciona los hechos con el secretario general de STL Miguel Ángel Sánchez, y afirma que las contrataciones se realizaban a través de Imprego, una asociación gestionada por otra investigada.

Dos empresas de inclusión

En el caso también está acusado el miembro de STL y presidente del comité de empresa de PreZero, Luis Varela, y una cuarta mujer a la que la Policía sitúa como “testaferro” a cargo de Inusvalia, otra empresa ligada con la trama. Esta, radicada en A Coruña, declara en su web dedicarse a la inclusión laboral de personas con discapacidad en la “limpieza viaria, la recogida de residuos” y trabajos medioambientales, y tener presencia en Galicia y en Castilla y León.

De acuerdo con datos de la Junta de esta comunidad, el pasado noviembre Inusvalia tenía un Centro Especial de Empleo en Ponferrada, dedicado a los “servicios de limpieza” y con 31 trabajadores discapacitados. Este diario no ha podido ponerse en contacto con el centro. De acuerdo con el diario Leonoticias, en junio del año pasado los trabajadores del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de la ciudad, que lleva FCC, pidieron que la empresa les explicara “la subcontratación de trabajos a las empresas Lares del Norte e Inusvalia con la incorporación de una decena de empleados” minusválidos como peones.

Finalmente, la responsable de Inusvalia es una de las dos administradores solidarias de una empresa constituida recientemente en Yaiza (en la isla de Lanzarote, de la provincia de Las Palmas), según el Borme. Llamada Lanzalia Inclusión Social, empezó operaciones en septiembre del año pasado y se dedica a “servicios integrales a edificios e instalaciones”. La otra mujer detenida es apoderada de ella.

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