Solo dos de los ocho convenios urbanísticos con entidades y empresas están ejecutados

Solo dos de los ocho convenios urbanísticos incluidos en el plan general de 2013 están cumplidos a los diez años de su aprobación. El suscrito con el Ministerio de Defensa sobre el antiguo cuartel de Automovilismo de Agrela y el firmado con Adif para la construcción de la estación intermodal son los únicos acuerdos ejecutados hasta el momento. Otro de ellos fue anulado por el Gobierno local de Marea Atlántica en 2015 y el actual considera que el que prevé la venta de los terrenos de los muelles interiores ha perdido su vigencia. A continuación se detalla la situación de cada uno de los convenios.

Cuartel de Agrela. El Concello y Defensa acordaron en 2009 el paso de 30.974 metros cuadrados a manos municipales para hacer posible el paso de la tercera ronda por los terrenos del cuartel de Automovilismo. Los 44.655 metros cuadrados restantes serían calificados como suelo urbano y subastados por el ministerio, que reservaría al Concello el 50% de las plusvalías obtenidas con esta operación. La tercera ronda fue finalmente construida sobre el suelo cedido, el resto de los terrenos militares fueron recalificados y Defensa ultima ahora los trámites para sacarlos a subasta, por lo que el convenio puede darse por avanzado.

Estación intermodal. El documento firmado en 2009 por Concello y Adif fue un protocolo que debía ser desarrollado posteriormente con un convenio. Ese documento preveía la adaptación de la terminal ferroviaria de San Cristóbal para la llegada de la alta velocidad, la instalación allí de la nueva estación de autobuses, la construcción de un centro comercial de 45.000 metros cuadrados de superficie, la cubrición de las vías para crear una amplia plaza pública y la puesta en marcha de un polígono residencial al fondo de la estación. En 2011 se presentó el proyecto inicial de la nueva estación, que no llegó a ejecutarse, ya que la crisis económica llevó al Gobierno central a replantear esta iniciativa suprimiendo el centro comercial y la cubrición de las vías. Una sentencia judicial obligó también a reformular el polígono proyectado y las diferencias entre las tres administraciones demoraron durante años el acuerdo definitivo sobre la intermodal, cuyas obras comenzaron el pasado otoño tanto en la terminal ferroviaria como en la de autobuses.

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Terrenos portuarios. Dos convenios suscritos en 2004 por el entonces Ministerio de Fomento, Adif, el Concello y la Xunta acordaron la venta de los muelles de la Batería, Calvo Sotelo y San Diego, así como la estación de mercancías con el fin de financiar las obras del puerto exterior de punta Langosteira. El proceso debía iniciarse cuando caducasen las concesiones existentes en esos espacios portuarios, pero la llegada de Marea Atlántica al Gobierno local implicó la negativa municipal a su puesta en marcha, con el apoyo del resto de grupos políticos de izquierdas. La condonación por el Gobierno central de la deuda que soportaba el Puerto de Valencia por la organización de la Copa del América hizo que el PP se sumase también a la reclamación de todas las formaciones municipales de que se aplique una solución semejante para resolver la deuda portuaria y se evite la venta de los muelles. El actual Gobierno local socialista defiende que los acuerdos de 2004 perdieron su vigencia al incumplirse las condiciones establecidas, pero el Ministerio de Transportes y la Autoridad Portuaria entienden que siguen en vigor mientras no hay otro documento que los sustituya.

Maderas Peteiro. El plan general de 1998 ya preveía el traslado de esta fábrica y la urbanización de su entorno, pero al no ejecutarse esa actuación, al elaborarse el de 2013 se suscribió otro acuerdo que planteaba desmontarla en el plazo de cuatro años desde la aprobación del plan y a presentar el proyecto de urbanización del polígono en el que se encuentra, cuyas obras debe costear y en el que tendría derecho a 20.340 metros de edificabilidad. El tiempo pasó sin que se cumpliera el acuerdo y en 2020 el Concello anunció un inminente pacto con la compañía para poner en marcha el desmontaje de la fábrica, pero el próximo mes harán diez años de la aprobación del plan general sin que se haya hecho efectivo.

Ciudad de la Tecnología y Parque Alto. Las empresas propietarias de sendas canteras y las inmobiliarias de los empresarios Manuel Soto, José Collazo y Ángel Jove acordaron en 2009 con el Concello crear una gran zona industrial en los terrenos comprendidos entre los polígonos de Agrela y Pocomaco. El proyecto comprendía 974.187 metros cuadrados, de los 550.000 se dedicarían a zona verde y en los que habría una edificabilidad de 535.803 metros cuadrados. Los propietarios del suelo se comprometieron a presentar el plan parcial de esta actuación antes de que pasaran seis meses de la aprobación del plan general, pero en 2018 el Gobierno local de Marea Atlántica declaró caducado la tramitación al no haberse presentado la documentación necesaria.

Gasolinera de Os Rosales. La empresa Galp acordó en 2007 con el Concello trasladar su gasolinera de Os Rosales al polígono de O Portiño una vez que se hubiera aprobado el proyecto de esa nueva área residencial. Este convenio se incluyó luego en el plan general, pero el polígono de O Portiño no solo no fue desarrollado hasta el momento, sino que además sus promotores pactaron con el Concello posponerlo hasta que se ejecute el de As Percebeiras, por lo que aún tardará años en llevarse a cabo.

Museo de la Automoción. La Fundación Jorge Jove, presidida por el empresario Ángel Jove, y el Concello sellaron en 2009 el acuerdo para ceder a la primera 107.900 metros cuadrados del parque de Bens para construir esa instalación, en la que se exhibirían 350 vehículos históricos y que dispondría también de un circuito al aire libre y una zona todoterreno. La llegada de Marea Atlántica al Gobierno local supuso la anulación del convenio y la oferta de terreno en Agrela como alternativa, aunque la fundación lo rechazó y finalmente optó por levantar el museo, que está a punto de inaugurar, en terrenos de su propiedad en Sabón.

Palavea-Monte Alfeirán. Los propietarios de los terrenos situados entre el núcleo de Palavea y el límite con Culleredo en el monte Alfeirán acordaron en 2009 con el Concello culminar los trámites iniciados en los años precedentes con un convenio para levantar viviendas unifamiliares en una superficie de 166.743 metros cuadrados, de los que 65.954 serían dedicados a espacios libres y zonas verdes. Aunque se preveía que se presentaría el plan parcial en los seis meses siguientes a aprobar el plan general, diez años después aún no existe ese documento.

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