Las empresas de la limpieza y la recogida de basura relevan a Inusvalia tras su intervención judicial

La UTE A Coruña Limpieza (formada por FCC e Ingeser) y Prezero, concesionarias respectivamente de la limpieza viaria y de la recogida de basura, sustituyeron a Inusvalia como la empresa de economía social que les proporciona los trabajadores con discapacidad que deben emplear para cumplir las exigencias de sus contratos. La intervención judicial de Inusvalia a raíz de la investigación abierta por un supuesto caso de tráfico de influencias en la contratación de ese tipo de personal, vinculado al Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) hizo que el Concello requiriese a las concesionarias que cesara su actividad con esa firma. La UTE ya contrató a la empresa Lares del Norte, mientras que la de la recogida todavía no notificó al Concello cuál es la sustituta, aunque había contactado ya con compañías del sector.

El sindicato CIG, minoritario en ambas empresas —es mayoritario el STL, al que la investigación sitúa en el centro de la trama a la que se atribuyen varios delitos— y USO, sin representación, se reunieron ayer con la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, para solicitarle información sobre las actuaciones realizadas por el Concello sobre este caso. Aunque los representantes sindicales aplazaron a hoy su reacción a ese encuentro, la edil explicó que su departamento hizo cinco requerimientos de datos a la UTE y uno a Prezero para esclarecer los aspectos de sus contratos sobre los que hay dudas, en especial la contratación de personas con discapacidad a través de Inusvalia.

Medio Ambiente está ahora cotejando los datos recibidos con los que figuran en los contratos, ya que los trabajadores con discapacidad solo pueden realizar unas funciones determinadas. Pero para tomar decisiones en este sentido es necesario que se reúna la mesa de seguimiento del control de los contratos, formada por personal de las concejalías de Hacienda y Medio Ambiente, que debe hacerlo en los próximos días para poder abonar las facturas mensuales a las concesionarias.

Los contratos establecen que el 0,5% de las plantillas deberán ser personas con discapacidad, pero el Concello entiende que ese porcentaje es el mínimo, mientras que los sindicatos lo interpretan como un máximo que, además, ha sido superado ampliamente.

Fontán señala que la fijación del límite debe ser establecida por la mesa de seguimiento y sobre la inspección de la labor de las concesionarias. Indicó que los contratos permiten detraer un porcentaje de las mensualidades que perciben y que en las faltas graves es elevado.

También detalló que la actividad de control de la calidad de estos contratos fue incluida en el presupuesto municipal del año pasado, pero que la partida fue finalmente destinada al pago de la limpieza encargada a la empresa Tragsa por los sabotajes en el servicio ocurridos durante el conflicto de este sector y cuyo importe ya se reclamó a las concesionarias.