La Junta de Andalucía irá a los tribunales por la Aesia: "A Coruña fue la tercera puntuación"

El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, ha anunciado este miércoles que el Gobierno andaluz "va a pelear en los tribunales, hasta las últimas consecuencias" para que Granada sea la sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial.

Sanz ha respondido así a la polémica surgida tras la decisión del Gobierno central de tramitar de manera urgente el real decreto para la creación de este organismo al que optaba la ciudad andaluza pero que finalmente el Ejecutivo adjudicó a A Coruña.

El Gobierno tramitará de forma urgente el real decreto para la creación de la Aesia en A Coruña

"La decisión que se tomó en su momento ni fue transparente ni cumplió con la normativa vigente que aprobó el propio Gobierno de España", ha denunciado el consejero en declaraciones a la prensa antes de participar en un acto en el congreso Digital Enterprise Show (DES) 2023 que se celebra esta semana en Málaga.

Ha señalado que Granada era "la que más puntos tenía" en el procedimiento que el propio Gobierno aprobó para "regular qué ciudad tenía que tener esa agencia" y que fue "una decisión política" la que motivó que se adjudicara a A Coruña, que -según ha dicho- no era la segunda sino la tercera en puntuación.

"Todo se ha hecho con falta de transparencia y ya veremos si hay otras irregularidades en el procedimiento, porque parece ser que los documentos que justifican esa decisión se elaboraron posteriormente a la decisión, lo cual sería mucho más grave", ha advertido.

A Coruña, epicentro nacional de la Inteligencia Artificial

Ante esta circunstancia, el consejero ha confirmado que el Gobierno andaluz, de la mano del Ayuntamiento de Granada, va a "luchar en los tribunales hasta el final para que la decisión sea justa y se atienda al cumplimiento de la convocatoria" que se hizo para acceder a esta agencia.

"Creemos que tenemos la razón y exigimos que se retrotraiga todo el procedimiento al origen", ha señalado.

Asimismo, ha considerado como una "imprudencia" que, pendiente de la decisión de los tribunales, el Gobierno "quiera correr de esta manera". "Seguramente lo hacen porque puede que los tribunales no le den la razón", ha concluido.