Los pisos de bancos y fondos fueron más de la mitad de los ocupados en 2022 en la provincia
Las fuerzas de seguridad recibieron 98 denuncias y los juzgados abrieron 41 causas para desalojar los de propiedad de particulares mediante el procedimiento reservado a ellos
Policías ante un piso ocupado en Doctor Fleming, en 2020. | // VÍCTOR ECHAVE / José Manuel Gutiérrez
El número de denuncias recibidas por las fuerzas de seguridad por ocupación ilegal de viviendas en la provincia de A Coruña el año pasado fue de 98, según la información facilitada por el Ministerio del Interior a este diario, aunque más de la mitad de ellos son propiedad de entidades financieras y fondos de inversión inmobiliaria, ya que no fueron objeto de verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, el procedimiento judicial reservado para las que pertenecen a particulares, que sumaron 41 casos durante 2022, por lo que fueron menos de la mitad del total.
La entrada de intrusos en una vivienda constituye delitos diferentes en función de quien sea el propietario, ya que si se trata de una familia, una entidad sin ánimo de lucro o un organismo público se trata de un allanamiento de morada, mientras que si es un banco, un fondo o la Sareb, el delito es el de usurpación.
Según la estadística de Interior, en 2021 las denuncias por ocupación en la provincia fueron 104 y los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre los procedimientos abiertos en viviendas de particulares tan solo fueron 35 ese año. En 2020 las denuncias formuladas llegaron a 91, cuando los verbales posesorios fueron 52. Las denuncias presentadas en 2019 en los municipios coruñeses fueron 66 y la mayoría de ellas correspondieron a viviendas de particulares, ya que 56 de ellas fueron objeto de procedimientos judiciales reservados a ellas.
El número de denuncias en la provincia es muy reducido con relación al resto de España, ya que en todo el país sumaron el año pasado 16.726, tras haber alcanzado en 2021 la cantidad más alta hasta el momento con 17.274 casos. El Ministerio del Interior también pone de relieve que la memoria de la Fiscalía General del Estado sobre su actividad en 2021 recoge que en ese año se iniciaron 9.379 procedimientos por usurpación —los destinados a las viviendas de bancos y fondos— y únicamente 83 por allanamiento de morada.
Estos datos deben referirse sin embargo tan solo a los casos en los que interviene la Fiscalía, ya que el Consejo General del Poder Judicial menciona en sus estadísticas la apertura de 3.479 procedimientos por ocupación de viviendas de particulares en toda España durante ese mismo año, que cayeron hasta los 2.784 durante 2022.
El volumen de este tipo de delitos no tiene una relación directa con el tamaño de la población de una provincia, ya que la que concentra un mayor número de causas judiciales abiertas el año pasado por ocupación de pisos de particulares fue Barcelona con 449. Madrid, con un millón de habitantes menos, contabilizó solo 222 procedimientos iniciados en ese periodo, mientras que en la tercera provincia en número de habitantes, Valencia, se abrieron 155, y Alicante, que no llega a los dos millones, llegó a los 191.
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